García Ortiz y Sánchez, un proceder que nos convierte en siervos

La sentencia del juicio al fiscal general del Estado no es como una votación de un 'reality', en el que tenemos que decidir si nos gusta más Pedro Sánchez o Isabel Díaz Ayuso. Es el análisis jurídico de si en España sigue habiendo una mínima separación de poderes o si el poder político ha utilizado a un órgano constitucional autónomo integrado en el poder judicial a su conveniencia.

La conclusión de los magistrados del Tribunal Supremo es que la fiscalía ha actuado como un órgano al servicio del poder político. Montesquieu no ha muerto porque hace décadas que Alfonso Guerra ya lo asesinó, aunque quizás hoy se arrepienta. Lo que constata la sentencia es que 'The Economist' debería revisar, a la baja, la posición que España ocupa en el ránking de democracias que anualmente publica.

Dice el refrán que: “Dos que duermen en el mismo colchón terminan de la misma condición” y no hay duda de que lo peor que el independentismo catalán ha impregnado al PSOE, tras casi ocho años de relación, es la idea de que el poder judicial usa el 'lawfare' con objetivo de cargarse a un Gobierno que no le gusta.

El presidente tiene tantos frentes judiciales abiertos en la cúpula de su partido, en el Gobierno y en su familia que, ante la imposibilidad de convencer a la mayoría de la sociedad de que todo es mentira, ha pasado a un nivel superior de respuesta basado en dos acciones combinadas.

La primera de ellas atacar a la judicatura tachándola de filofranquista, clasista y privilegiada. El Gobierno, en su interés de cortarle las alas, ha intentado reformar el sistema de designación de jueces para someterlo al poder político, como si se tratara del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo.

En segundo lugar, y simultáneamente, mientras intenta destruir la credibilidad del poder judicial, el Gobierno inició una campaña contra Díaz Ayuso, como principal adversario político, usando todos los recursos a su alcance, los legítimos y los inadmisibles, entre ellos la fiscalía general del Estado.

Sánchez no tuvo que hacer mucho para corromper al fiscal general del Estado. Este había llegado al cargo tras ejercer de mano derecha de su antecesora, Dolores Delgado, que a su vez había sido ministra de Justicia y era quien le había ascendido a fiscal de sala. En este estado de cosas, desde La Moncloa vieron como algo natural contar con la colaboración de la fiscalía en su objetivo de perseguir adversarios.

La información sobre el novio de Ayuso llego a García Ortiz porque todo el mundo sabía qué haría el fiscal con dicha información y el ahora exfiscal se condenó a si mismo en el momento en el que no cortocircuitó el uso de información confidencial para intentar acabar con Ayuso, sino que interactuó con presidencia del Gobierno.

No son pocos los que están dispuestos a justificar a García Ortiz o creen al Gobierno, porque para ellos el objetivo de acabar, políticamente hablando, con Ayuso era legitimo. ¿Qué pensarían si la información filtrada fuera sobre ellos mismos? Los que ayer se rasgaban las vestiduras por el uso de Pegasus hoy quitan importancia a la filtración sobre la pareja de Ayuso.

Los poderes públicos tienen mucha información sobre cada uno de nosotros y están obligados a velar por la confidencialidad de esos datos, relativos a salud, ingresos, patrimonio, historial jurídico, etc …

Lo que ha sucedido es mucho más que una grieta en el Estado de derecho, es un abuso de poder y una arbitrariedad, que nos aleja de ser ciudadanos y nos acerca a la servidumbre.

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