Consenso para actualizar la Constitución

España necesita actualizar su marco constitucional, no porque haya dejado de ser útil, sino porque la sociedad a la que sirve es hoy mucho más diversa y compleja

Cuarenta y siete años después de su aprobación, la Constitución española sigue siendo el pilar institucional más determinante de nuestra historia reciente. Surgió del acuerdo entre adversarios, de la renuncia y del reconocimiento mutuo, de la voluntad de reconciliación y de situar la convivencia por encima de cualquier aspiración de hegemonía ideológica o partidista. No es la Constitución del ‘régimen del 78’, como algunos pretenden denostarla, sino la del pacto democrático que consolidó la libertad, un marco estable de progreso colectivo y nuestra inserción europea.

Esa legitimidad, que se renueva cada día en su aplicación, convive con una evidencia difícil de obviar: España necesita actualizar su marco constitucional. No porque haya dejado de ser útil, sino porque la sociedad a la que sirve es hoy mucho más diversa y compleja. Para ello, sin embargo, es imprescindible recuperar un espíritu de consenso que, en el actual contexto de polarización, resulta especialmente difícil.

En sus 47 años de vigencia, la Constitución ha demostrado ser un texto poco permeable al cambio: los elevados requisitos para modificarla -mayorías reforzadas, exigencia de referéndum y, en algunos casos, incluso la disolución de las Cortes- han dificultado su reforma. Tanto es así que en casi cinco décadas solo ha habido tres: en 1992, para permitir el sufragio pasivo de ciudadanos europeos en comicios municipales; en 2011, para introducir la estabilidad presupuestaria exigida por la UE; y en 2022, para sustituir el término ‘disminuido’ por ‘persona con discapacidad’. Tres cambios mínimos.

A pesar de ello, la voluntad de reforma ha existido. Hasta trece propuestas han sido registradas sin éxito en estas décadas: desde el blindaje constitucional del aborto, la limitación de los aforamientos o la reversión del artículo 135, hasta la revisión del sistema electoral y el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. También diversas comunidades autónomas han planteado cambios -como ampliar las iniciativas legislativas populares, blindar la educación laica, actualizar las pensiones, mejorar la representación territorial o recuperar derechos civiles propios- que nunca han superado el umbral de las mayorías cualificadas. El problema ha sido político: la incapacidad de construir consensos amplios.

Paradójicamente, en cambio, existe un acuerdo social y académico significativo sobre varias materias que deberían abordarse sin demora: una reforma en sentido federal que clarifique competencias y convierta el Senado en una verdadera cámara territorial reforzando su papel legislativo; la modernización de la Corona; la igualdad plena en la sucesión; la revisión del sistema electoral; y el blindaje de derechos sociales como el aborto, la protección de la infancia o el derecho a la vivienda. También concitan amplios apoyos la actualización del pacto intergeneracional, la garantía constitucional de la igualdad digital, una Justicia más independiente y un CGPJ despolitizado, así como mecanismos de democracia directa más eficaces. España, por tanto, sabe qué debe reformar; lo que falla no es el diagnóstico, sino la voluntad política para superar la polarización y recuperar la generosidad y el espíritu de pacto que hizo posible la Constitución en 1978.