Constitución, derecho civil catalán y seguridad jurídica: la función notarial en el corazón de la democracia

Cada 6 de diciembre, al celebrar el día de la Constitución, se renueva la oportunidad de reflexionar sobre los principios que sostienen nuestra convivencia democrática. La Constitución de 1978 no solo cerró una etapa de incertidumbre histórica, sino que inauguró una visión moderna y plural del Estado de derecho. En este escenario, Catalunya destaca como un ejemplo donde tradición, autonomía legislativa y evolución jurídica se entrelazan de manera natural.

En este contexto, uno de los elementos que mejor simboliza esta convivencia entre Constitución y pluralidad es el derecho civil catalán, un sistema propio con una larga tradición jurídica. A su lado, una institución que ha sido clave durante siglos y que hoy continúa siéndolo: el notariado, encargado de convertir en certezas los derechos que la ciudadanía ejerce cada día, preservando la seguridad jurídica que vertebra nuestra democracia.

Hay que recordar que el artículo 149.1.8. de la Constitución fue decisivo para los territorios con derecho civil propio. La norma no solo reconoció la existencia de estos derechos históricos, sino que permitió la conservación, el desarrollo y la actualización. Para Catalunya, supuso la continuación de un camino iniciado con la Compilación de 1960, que ya había agrupado instituciones tan características como la legítima, la enfiteusis o los pactos sucesorios.

Con los estatutos de autonomía de 1979 y 2006, este impulso se consolidó definitivamente y dio lugar a un Código Civil de Catalunya moderno, claro y adaptado a la realidad social. Lejos de uniformizar, la Constitución entendió que la diversidad jurídica es una riqueza que fortalece el país.

Ahora bien, para comprender por qué este derecho civil catalán ha llegado vivo hasta nuestros días, hay que mirar atrás. Muchas de sus instituciones han pervivido siglos gracias a su utilidad práctica y al arraigo en la vida cotidiana. Incluso cuando el decreto de Nueva Planta de 1716 las derogó formalmente, continuaron utilizándose porque las familias las necesitaban y porque los juristas —y muy especialmente, los notarios— las seguían aplicando. El notariado, presente en Catalunya desde la Edad Media, actuó durante generaciones como custodio de esta tradición jurídica: fue en las notarías donde se preservó el valor del pacto, donde se recogían acuerdos familiares y sucesorios, y donde se mantenían vivas formas de propiedad propias del territorio. Sin este ejercicio constante y riguroso, buena parte del derecho civil catalán habría desaparecido.

Con la llegada de la democracia, este legado histórico se pudo actualizar e incorporar principios contemporáneos como la igualdad entre mujeres y hombres, la protección de las personas con discapacidad, la diversidad familiar o nuevas maneras de organizar el patrimonio. Y nuevamente el notariado tuvo un papel decisivo a la hora de explicar, adaptar y dar seguridad a estas figuras renovadas, ayudando la ciudadanía a utilizarlas de una manera clara y eficaz.

De hecho, si la Constitución proclama principios esenciales —seguridad jurídica, igualdad, libertad, propiedad o derecho a la vivienda—, es el notariado quien los convierte en realidades tangibles. Su intervención, discreta pero imprescindible, garantiza que los actos jurídicos más importantes de la vida se desarrollen con plena legalidad, imparcialidad y comprensión. En cada escritura, el notario asegura la seguridad jurídica prevista en el artículo 9.3; velatorio por la igualdad entre las partes, tal como establece el artículo 14; protege el derecho de propiedad del artículo 33, comprobando cargas y titularidades; garantiza la libertad personal y la verdadera voluntad de los otorgantes, de acuerdo con el artículo 10; y contribuye a hacer efectivo el derecho a la vivienda del artículo 47, ofreciendo claridad y protección en una decisión vital para cualquier familia.

Al mismo tiempo, la evolución reciente del derecho civil catalán ha dado lugar a soluciones útiles para los retos actuales: pactos sucesorios que facilitan la planificación de las herencias, figuras de propiedad pensadas para afrontar la crisis de la vivienda o un régimen de capacidad ajustado a las necesidades de apoyo de cada persona. Y, de nuevo, el notariado catalán actúa como puente entre la complejidad normativa y la vida real: traduce el lenguaje jurídico, acompaña, previene conflictos y garantiza que todos los ciudadanos, sin excepción, puedan ejercer sus derechos en igualdad.

Por todo esto, celebrar la Constitución también es celebrar la justicia cotidiana, la que llega a manos de los ciudadanos cuando firman un contrato, planifican una herencia o adquieren una vivienda. La Constitución de 1978 ha permitido consolidar un ordenamiento civil catalán moderno y plural. Pero su fuerza no reside solo en lo que proclama, sino en aquellos que lo hacen posible día tras día.

Porque, en definitiva, la Constitución marca el camino y son las profesiones jurídicas y, especialmente los notarios, quienes —con la confianza pública y próxima que sostiene su función— hacen que la justicia y los derechos lleguen de manera segura a toda la ciudadanía.

José Alberto Marín es decano del Colegio de Notarios de Catalunya.