Barcelona, con presupuestos

El Ayuntamiento de Barcelona tendrá presupuestos para el año 2026 el 29 de diciembre, y estos serán efectivos desde el 1 de enero de 2026. Algo que debería ser normal pero que en el caso de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas en que su Ejecutivo no dispone de una mayoría confortable resulta excepcional, en un clima en que la polarización pasa por delante de la gestión de los intereses de los ciudadanos. El pleno municipal no aprobará las cuentas presentadas por el gobierno en minoría de Jaume Collboni, con aportaciones del grupo municipal de ERC (con lo que sumaban 15 votos), debido a que las negociaciones con los Comuns, necesarias para lograr una mayoría suficiente, no han llegado a buen puerto dentro del límite de tiempo marcado para llegar a la meta temporal fijada desde el gobierno municipal. Sin embargo, tras perder una moción de confianza vinculada a la aprobación de las cuentas, una vez pasado el periodo de un mes en que la oposición no propondrá un candidato alternativo, las cuentas serán firmes automáticamente.

Esta es una provisión de la ley de régimen electoral general que permite a los ayuntamientos, que no pueden disolverse y convocar elecciones anticipadas, evitar que un consistorio sin mayoría clara ni alternativa viable entre en un proceso de parálisis; un resorte que sin duda beneficia a la gestión municipal. Hizo uso de él también Ada Colau, y Collboni sumará hasta ahora dos presupuestos aprobados por esta vía (2024 y 2026, el máximo legal en una legislatura) más, de momento, una prórroga, la de 2025.

Los Comuns han reprochado al PSC «las prisas» para cerrar un acuerdo y reclamaron aplazar el calendario para apurar las negociaciones. Que se considere apresurado intentar empezar el año con presupuestos en vigor da la medida de hasta qué punto se ha naturalizado la permanente situación de bloqueo e inestabilidad en la política española. La aprobación de los presupuestos acaba resultando un instrumento del que se dispone en función del coste o beneficio político que se deduce de facilitar la gobernación, no de la asunción de que llegar a acuerdos que faciliten un marco claro a la administración de los servicios públicos supone un beneficio por sí mismo que debería ser posible desde la apertura de todos los implicados a transacciones razonables.

Las líneas rojas que han impedido el acuerdo tripartito han sido la reactivación de la política de ejes verdes (que solo sería posible si desde los Comuns se asumiese que no se pueden repetir torpezas legales como las de la tramitación de Consell de Cent), la prohibición inmediata de compras especulativas de vivienda (una medida de imprecisa definición y que de llevarse a cabo en la interpretación de máximos de sus promotores hace inviable la existencia de un mercado de alquiler privado) y poner fin a la promoción turística de la ciudad desde el Ayuntamiento (cuando lo necesario hoy es reorientar de forma responsable el sector). El acuerdo aún es posible (para 2026, o para 2027, cuando la alternativa solo será acuerdo o prórroga), como lo demuestra que el presupuesto presentado haya incluido aportaciones compartidas por el PSC y ERC (como un aumento del 33% de las inversiones para aumentar el parque de vivienda protegida, la prolongación del tranvía o acciones contra el sinhogarismo) y que podrían serlo también por un tercer socio. Pero entre el bloqueo condicionado por planteamientos ante los que no puede haber un consenso amplio y la puesta en práctica de lo posible, no es una mala noticia que se haya optado por la segunda opción.