La trampa de la zona de confort

La zona de confort es un estado psicológico de seguridad y rutina donde se actúa sin estrés ni riesgo, lo que implica hábitos y comportamientos conocidos. Salir de esta zona puede generar ansiedad. Permanecer en ella demasiado tiempo limita el crecimiento, la motivación y el aprendizaje.

Este concepto —probablemente excesivamente popularizado en el ámbito del 'management'— nos habla de la necesidad y la capacidad de adaptarnos a entornos que cambian y a nuevas realidades que se construyen con gran rapidez.

En política también hay zonas de confort, espacios que nos permiten mantener nuestras seguridades más allá de los cambios sociales y demográficos. Las fuerzas políticas viven instaladas en una alternancia democrática entre gobierno y oposición que a veces impide ver que, si bien cada cual tiene su propia visión para afrontar nuevos retos, nadie tiene el apoyo político ni electoral suficiente para imponer su enfoque ni sus soluciones.

La legitimidad ante la ciudadanía no se obtiene gritando, sino escuchando. No es dominar, es colaborar. No es imponer, es convencer. Y, sobre todo, no es atrincherarse, sino conseguir resultados para mejorar la vida de la gente. Hoy la política valiente pasa por llegar a acuerdos, y eso no significa renunciar a nuestros ideales. Quizá la verdadera valentía está en ejercer la responsabilidad.

El riesgo, en caso contrario, es el bloqueo de las instituciones. Y, mientras tanto, el mundo cambia. Tenemos escenarios de guerra en Europa y en el Mediterráneo; una UE débil y con creciente protagonismo de las fuerzas de ultraderecha; un personaje como Donald Trump en Estados Unidos persiguiendo a jueces, fiscales y adversarios políticos, y un contexto mundial con un ascenso de movimientos autoritarios desvergonzados, tecnofinancieros, manipuladores de las redes y de las noticias falsas, que quieren salvarnos de nosotros mismos con la única legitimidad del dinero.

Son nuevos tiempos, también para la política. Barcelona no vive ajena a este nuevo contexto ni a sus consecuencias sociales, políticas y electorales. Nuevas corrientes políticas alimentan la crispación haciendo un uso interesado de retos sociales que son reales: la crisis de la vivienda, el sinhogarismo, las desigualdades, la inmigración… Corrientes que fomentan la polarización y ensanchan una fragmentación política que dificulta la gobernanza de nuestras instituciones.

En este contexto, los debates presupuestarios son uno de los principales ejercicios de búsqueda de mayorías y de construcción de acuerdos. Cada acuerdo es a la vez una renuncia, a una parte de nuestras posiciones, y una mejora, porque el resultado tiene un apoyo democrático más amplio.

Es importante entender esta lógica, que nos exige a todos un esfuerzo por compartir nuestro proyecto con otros con el objetivo de aceptar el pacto como una mejora para la ciudad. Así lo hemos hecho desde el gobierno municipal durante los últimos dos años, cerrando acuerdos con los diferentes grupos para impulsar mejoras en cuestiones tan relevantes como la gestión del turismo, la simplificación burocrática o la regulación del mercado del alquiler.

Con esta misma voluntad hemos alcanzado un acuerdo presupuestario con ERC. Tenemos visiones diferentes en algunas cosas, pero intentamos conseguir acuerdos profundos en beneficio de Barcelona. Lo hemos intentado también con Barcelona en Comú, y hemos mantenido conversaciones fructíferas que han acercado posiciones en torno a cuestiones recogidas en un presupuesto marcadamente progresista. No ha sido posible llegar a un acuerdo, tendremos que seguir intentándolo en el futuro.

Porque hoy en la ciudad muchas personas viven con incertidumbre, tienen dificultades para acceder a una vivienda o les cuesta llegar a fin de mes. Las necesidades de los vecinos y vecinas no admiten dilaciones, y dar respuesta a sus problemas es también la receta más efectiva para frenar el crecimiento de la ultraderecha populista, la única a quien beneficia el bloqueo de las instituciones.

Por eso, Barcelona tendrá presupuesto, que aprobaremos a través del mecanismo de la cuestión de confianza, para comenzar 2026 a pleno rendimiento: manteniendo congelada la presión fiscal a las familias y a las pymes, y destinando más de 4.180 M€ de gasto y una inversión de 753 M€ en las prioridades que la ciudadanía nos reclama: políticas decididas para mejorar el acceso a la vivienda, la atención a las personas y la seguridad.