La nueva fiscal general

El proceso de relevo del fiscal general prosigue al acelerado ritmo que han decidido imponer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, una vez conocido el fallo, que no la sentencia, y posterior renuncia del inhabilitado Álvaro García Ortiz. Después de meses de negarse a plantear una sustitución oportuna que evitase al responsable del Ministerio Fiscal presentarse como tal, y a la vez acusado, ante el Tribunal Supremo.

La continuidad a pesar del encausamiento de García Ortiz se mantuvo como exhibición de confianza absoluta en la inocencia del fiscal general, y de resistencia ante lo que se quiso visibilizar como una ofensiva políticamente coordinada desde la oposición y los jueces del Tribunal Supremo. La furiosa respuesta ante el fallo condenatorio, y el relevo inmediato con el argumento de impedir cualquier lapso de interinidad entre la salida de un fiscal general y su sucesora designada, siguen pretendiendo enmarcar la decisión del tribunal en un golpe institucional contra el Gobierno, que merece una respuesta proporcional y sin tardanza ni titubeo alguno. Se aleja así una vez más la posibilidad de que se reconozca el más mínimo error cometido en la mediatizada gestión de la información acerca de las investigaciones por fraude fiscal contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por mucho que algunos altos cargos de la mayoría gubernamental, no todos, formalmente se prodiguen en expresiones de respeto a las decisiones judiciales.

Golpe a golpe, pues, el Gobierno anunció que la próxima fiscal general será Teresa Peramato, con tres décadas en la carrera hasta llegar a la categoría de fiscal de sala del Tribunal Supremo, una ejecutoria centrada en la lucha contra la violencia machista y una militancia profesional alineada, como es habitual en los nombramientos de este cargo con gobiernos socialistas, en la Unión Progresista de Fiscales.

Tras el episodio que implicó hasta el fondo a la institución de la Fiscalía General en el intercambio de golpes judiciales, mediáticos y políticos que afectaban al entorno personal del presidente del Gobierno y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, hubiese sido necesario un nombramiento cuyo perfil acentuase la independencia y profesionalidad del nuevo responsable del ministerio público, más que su afinidad ideológica u orgánica con el partido gobernante. Lo segundo parece garantizado (Sánchez ya no se podría permitir a estas alturas un nombramiento como el de, en su día, la exministra de Justicia Dolores Delgado) con un currículum estrictamente profesional y respetado y el aval que supone que el Pleno del Consejo del Poder Judicial haya declarado de forma unánime su idoneidad para acceder al cargo, en una decisión que solo no superó, en su segundo mandato, García Ortiz. Desde los altavoces del Ejecutivo se ha insistido, en cambio, en lo primero, en el perfil progresista de la elegida. Y la dedicación de Peramato a combatir la violencia de género, garantizar los derechos de las denunciantes o poner el acento en la violencia vicaria merece respeto y reconocimiento. Aunque esa causa se utilice por parte del Gobierno como un elemento más para remarcar trincheras ideológicas (ante lo que en esta ocasión solo se ha retratado Vox). Sin embargo, tampoco se puede olvidar que la nueva fiscal general, apadrinada por su pronto predecesor, cuenta en su historial una defensa de la redacción original de la ley del solo sí es sí, y de la idoneidad de la instrucción orientativa de García Ortiz que se suponía que debía bastar para evitar las rebajas de penas pese a la cual la norma tuvo que ser reformada por el Congreso pocos meses después.