Indulgencia frente a la corrupción

Los últimos escándalos que afectan al PSOE y al PP —lejos de ser episodios aislados— vuelven a evidenciar la fragilidad de los mecanismos de control de la corrupción en España y confirman que se trata de un problema persistente, alimentado por fallos institucionales, incentivos perversos y una notable resistencia a emprender reformas profundas.

El caso Koldo, que ha provocado la dimisión de dos exsecretarios de Organización del PSOE, y la investigación en Almería, que alcanza a dirigentes provinciales del PP, muestran que los partidos siguen siendo incapaces de prevenir la corrupción en sus filas. En el ámbito socialista, la causa apunta a un circuito de comisiones y empresas pantalla próximo a la dirección, un caso de corrupción vinculado al uso del cargo para fines particulares, aunque con indicios que podrían alcanzar a la financiación del partido. En Almería, se indaga una red más estructurada de cobro de comisiones ilegales con al menos 17 implicados —cargos, familiares, funcionarios y empresarios— y contratos bajo sospecha desde 2016. Y en ambos casos persiste la misma pregunta: cómo pueden estas tramas operar durante años sin que los partidos detectaran nada. Esa ausencia de alertas internas revela controles ineficaces, sin independencia ni capacidad sancionadora, y demasiado condicionados por la lealtad orgánica y la dependencia de los líderes.

A ello se suma una legislación que mantiene amplias zonas opacas. La ley de contratos conserva grietas —urgencias, modificados, fraccionamientos y subcontratas— que dificultan la detección de irregularidades, y la de financiación de partidos mantiene sombras que permiten operar en los márgenes de la trazabilidad. Además, las empresas corruptoras rara vez afrontan sanciones proporcionales, de modo que el coste de pagar comisiones sigue siendo bajo y el incentivo para repetirlo, alto.

El problema de fondo es el del regulador regulado: son los partidos quienes diseñan las leyes y los mecanismos de control que después deben aplicarse, desde la normativa de financiación hasta las reglas de contratación o la arquitectura de los órganos fiscalizadores. Esa doble posición —a la vez vigilantes y diseñadores del sistema de vigilancia— favorece la cohesión interna sobre la integridad y tiende a minimizar las alertas por miedo al desgaste, debilitando la capacidad real de prevención. Más aún cuando la corrupción tiene un coste electoral limitado: la ciudadanía la considera grave, pero castiga sobre todo la del adversario y relativiza la propia.

Ello no impide que la corrupción genere desafección y alimente opciones en los extremos, pero mientras este equilibrio se mantenga, los incentivos para emprender reformas estrictas seguirán siendo escasos. Los partidos saben perfectamente dónde están los agujeros del sistema y dónde hay que atacar, lo dicen de manera reiterada las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco)—controles independientes, auditorías externas, transparencia, mayor trazabilidad y sanciones firmes—, pero les falta voluntad y, sobre todo, estímulos para aplicarlos. Quizá hasta que perciban que la desafección amenaza con llevárselos por delante.