Un fiscal general a un presidente pegado

Álvaro García Ortiz no sería fiscal general del Estado si Pedro Sánchez no fuera presidente del Gobierno. Y si el presidente del Gobierno no fuera Pedro Sánchez, García Ortiz no habría sido condenado a dos años de inhabilitación que le obligan a cesar en las próximas horas. García Ortiz, como Alberto González Amador, es una pieza en una batalla que libran desde hace años el actual presidente del Gobierno con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y esta mano la ha ganado la presidenta, aunque es posible que en la siguiente la pierda González Amador. Así que los antagonistas seguirán la guerra con otros alfiles, veremos cuáles. García Ortiz está como está por ser un fiscal pegado a un presidente.

Lo dramático es que en la polarización tienes que ser o de uno o de la otra. Y tienes que escoger entre alguien que llegó a reconocer un delito fiscal o alguien que, viéndose acosado, se ha saltado más de una norma de decoro. Además de la ley, según una sentencia pendiente de redacción. Y ese vendaval polarizador se va llevando por delante, una a una, buena parte de las instituciones de las que nos dotamos hace 50 años al salir de la dictadura. La fiscalía general no volverá ser lo que era. Como RTVE no volvió a ser lo que era después de Cabanillas y Urdaci. Como el CIS no será lo que era después de Tezanos. Los ciudadanos no se merecen este destrozo que solo hace que alentar el voto a los partidos que abogan por destruir las reglas de un sistema que los que lo tendrían que defender no defienden suficientemente.

La polarización no arregla problemas. Los agranda. Y los populismos se aprovechan de ello para ganar elecciones, pero no tienen soluciones que ofrecer una vez en el gobierno. Y de este bucle no salimos ni con la inhabilitación de García Ortiz ni con la previsible condena de González Amador. Saldríamos si se sentaran a hablar Sánchez y Ayuso. Un diálogo tan imposible como necesario.

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