Crónica de una condena anunciada

Que hoy se haya condenado nada menos que al fiscal general del Estado por divulgar una información veraz sobre unas diligencias previas seguidas contra la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, solo se entiende si rebobinamos hasta los tiempos del 'procés' independentista.

Por aquel entonces, el fallecido José Manuel Maza dirigía la Fiscalía y mantenía que los políticos catalanes investigados habían sido pieza clave de una rebelión militar, lo que el propio aparato institucional aplaudió como una respuesta ejemplarizante, pese a que algunos tuvimos que explicar que los delitos de rebelión requieren de militares, y que aquello era un despropósito jurídico teñido de pura venganza.

Entonces, Fiscalía y judicatura marchaban de la mano, pero desde el cambio de signo político del Gobierno pasaron a vivir una progresiva guerra abierta de recelos, titulares y resoluciones cruzadas que han convertido el proceso penal en terreno del ajuste de cuentas. Que sea precisamente ahora cuando se sienta en el banquillo a un fiscal general, no por retorcer y forzar un tipo penal, sino por confirmar un dato cierto, no dice nada malo de él sino del clima tóxico en el que resulta más seguro inflamar el relato que informar con transparencia a la ciudadanía.

Ese giro de prioridades, más propio de un sistema que desconfía de la verdad que de un Estado de derecho maduro, es el punto de partida de este artículo.

Porque con escaso disimulo no se ha contemplado en este caso que el ministerio fiscal, como institución básica del Estado, no es que tenga derecho, sino que tiene la obligación de informar a la ciudadanía sobre las causas judiciales que tienen interés público, como sin duda es el delito fiscal de la pareja de Ayuso, y si un vocero de esta publica a bombo y platillo que la Fiscalía está ofreciendo un pacto, cuando es el abogado del defraudador el que está reconociendo dos delitos fiscales, cosa insólita en un defensor, y pidiendo un pacto. El fiscal tiene que informar a la ciudadanía de la verdad y así se lo ordenan instrucciones de la Fiscalía General del Estado, que al parecer los magistrados del Supremo no han leído.

Como han despreciado también las declaraciones de varios periodistas que declararon ante la Sala Segunda que la filtración no la había ordenado el fiscal general pero que no podían desvelar su fuente de conocimiento por secreto profesional. Claro es que ha valido todo para cobrarse la codiciada pieza de caza, un fiscal general que si prospera la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, va a ser quien dirija la investigación criminal en España, y eso no les debe gustar a los cinco magistrados que han votado a favor de la condena.

Por hechos tan graves como los que hemos presenciado hoy, en que se ha condenado a un fiscal general del Estado tras una insaciable persecución política y mediática, no me cansaré de repetir tantas veces como sea necesario que lo que está pidiendo a gritos nuestro poder judicial es una urgente y absolutamente necesaria reforma integral, porque lo que carece de todo sentido es que este poder se haya mantenido intangible desde la dictadura de Franco.

Y de eso, hoy, hace ya 50 años

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