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Opinión | GATO ADOPTIVO

El juicio que carcome al Estado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (izq.), durante el juicio en el Tribuinal Supremo

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (izq.), durante el juicio en el Tribuinal Supremo / J. J. Guillén / EFE

El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha quedado visto para sentencia y, lejos de aclarar nada durante las dos semanas de sesiones, ha dejado en evidencia la fragilidad de instituciones clave de nuestro sistema democrático, carcomidas por la instrumentalización política.

Es el caso del Tribunal Supremo, sobre el que ha planeado la idea de que, en realidad, algunos magistrados no esperaban llegar tan lejos, confiados en que García Ortiz renunciaría antes del juicio.

O de la Fiscalía General, que queda muy tocada no solo por la decisión del encausado de mantenerse en el cargo pese a los indicios de la filtración, sino también por el enfrentamiento interno entre sectores que ha salido a la luz con toda su crudeza, y por las pésimas relaciones personales entre el propio García Ortiz y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que el juicio ha desnudado.

También la labor de la UCO de la Guardia Civil ha sido cuestionada, incluso, por la Abogacía del Estado: que se sostenga que esta unidad trabaja con “hipótesis predeterminadas”, en este caso que el fiscal general fue el autor de la filtración, “sin haber explorado con igual intensidad otras líneas de investigación”, deja en entredicho su credibilidad.

El Supremo puede ahora absolver a García Ortiz del delito de revelación de secretos por el que fue principalmente acusado, al no haberse acreditado pruebas directas del mismo, y, sin embargo, condenarlo por infidelidad en la custodia de documentos, que no lleva aparejada pena de prisión pero sí multa e inhabilitación especial de uno a tres años. Sería la respuesta salomónica al callejón sin salida al que todos los implicados, también el Gobierno, han llevado a la Justicia: apartar al fiscal general del cargo sin una condena por el delito más grave.

Hemos visto cómo el Estado se erosiona desde dentro por interés partidista, ambición personal o necesidad de ganar el relato. Sea cual sea la sentencia, el daño institucional ya está hecho.

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