La Administración Trump asume el negacionismo climático como política oficial del Gobierno de EEUU

Desde el primer momento de su segundo mandato, el presidente Trump declaró una emergencia energética nacional, alentando la extracción de petróleo y gas –“drill, baby, drill”, que equivale a “perfora, nena, perfora”-. Emprendió despidos masivos en la Agencia de Protección Ambiental (EPA), en la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y en la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en otras entidades y agencias.

Pero ha dado un paso más, el Departamento de Energía (DOE), publicó el pasado 25 de julio un informe que niega los riesgos de la actual crisis climática. Se presenta después de:

1. Abandonar el Acuerdo de París, tanto en su primera presidencia (1 de junio de 2017) como en la segunda (20 de enero de 2025), argumentando que imponía cargas económicas y regulatorias injustas a Estados Unidos.

2. Retirar a los expertos de Estados Unidos de las reuniones del IPCC.

3. Cerrar páginas de datos climáticos de la NOAA.

4. Cerrar el USA Global Change Research Program, que efectuaba el 'National Climate Assessment', informe periódico que analiza exhaustivamente el cambio climático global, exigido por el Congreso y elaborado por científicos de 14 agencias federales. Se somete antes de su publicación a una revisión exhaustiva para garantizar el rigor de su contenido. Equivalente a los informes del IPCC, pero centrados en EEUU.

5. Revocar la decisión legal tomada por la EPA en 2009 de la 'Endangerment Finding' (que puede traducirse por ‘determinación de peligro’), que establece que ciertos gases de efecto invernadero (GEI) representan una amenaza para la salud pública y el bienestar. Proporciona la base legal para muchas de las principales regulaciones climáticas de Estados Unidos.

En EEUU los GEI se consideran contaminantes según la ley de aire limpio que data de 1970, a causa de un fallo del Tribunal Supremo de 2007 que establece que los reguladores federales deben determinar si ponen en peligro la salud pública.

La EPA inició en marzo de 2025, por orden del presidente Trump, un proceso para la "reconsideración formal de la 'Endangerment Finding', en colaboración con la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) y otras agencias". Una propuesta de norma para la reconsideración de la 'Endangerment Finding' de 2009, fue publicada el 29 de julio por la EPA y el 1 de agosto en el Registro Federal, que reevalúa ampliamente la autoridad de la EPA para regular las emisiones de GEI, a la vez que abre la puerta a reconsiderar la evaluación sobre los riesgos del cambio climático. Lo que probablemente será una larga batalla legal sobre si el Gobierno continuará regulando las emisiones de GEI de vehículos, centrales eléctricas y otras industrias.

El DOE que titula su informe: ‘Una revisión crítica de los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero en el clima de EEUU’, argumenta que el cambio climático "parece ser menos perjudicial económicamente de lo que se cree comúnmente" y que "las estrategias de mitigación agresivas podrían ser más perjudiciales que beneficiosas". Realizado en tan solo dos meses por cinco investigadores, todos ellos reconocidos negacionistas climáticos, seleccionados personalmente por el secretario de Energía, Chris Wright, a su vez un escéptico del cambio climático.

El informe del DOE afirma que “la creciente cantidad de CO₂ en la atmósfera influye directamente mejranen el clima terrestre al promover el crecimiento de las plantas, mejorando así el rendimiento agrícola y neutralizando la alcalinidad de los océanos (otra forma de decir su acidificación)”. Sin considerar el efecto que en las plantas tiene el aumento de la temperatura y de una menor humedad del suelo. Está diseñado para proporcionar un fundamento pseudocientífico que permita rescindir la decisión que sirve como prerrequisito legal para la regulación federal de las emisiones de los GEI.

Se ha realizado sin tener en consideración el quinto ‘National Climate Assessment’, publicado en 2024, y tampoco los informes de la Sociedad Meteorológica Americana (AMS), que en su reciente 35 informe anual sobre el Estado del Clima indica que 2024 fue un año récord para: las concentraciones de GEI, la temperatura global terrestre y marina, el nivel global del mar, el contenido calórico de los océanos y la pérdida de hielo de los glaciares alcanzaron máximos históricos el año pasado. Estos informes representan un esfuerzo del sistema científico norteamericano, en el que cientos de investigadores de universidades, agencias gubernamentales y otros actores se unen para elaborar un informe cuidadoso y rigurosamente revisado por pares sobre el clima de nuestro planeta. Solo en el contexto de EEUU.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EEUU, que han elaborado evaluaciones sobre esta cuestión desde 1979, anunciaron el 7 de agosto la realización de un estudio centrado en las evidencias recopiladas por la comunidad científica desde 2009, que revisará la certeza científica sobre si se prevé razonablemente que las emisiones de GEI ponen en peligro la salud y el bienestar público en EEUU. El informe del DOE representa un ataque radical a la ciencia climática.

Una rápida revisión del informe del DOE, coordinada por Carbon Brief y publicada el 14 de agosto, indica que contiene al menos 100 afirmaciones falsas o engañosas, según el análisis de verificación de datos efectuado por decenas de científicos del clima. El informe ha suscitado severas críticas, se han señalado errores factuales, tergiversación de la investigación, citas imprecisas y selección de datos.

Todo este conjunto de actuaciones estaban previstas en el programa de gobierno Proyecto 2025, preparado desde el año 2020 y publicado por la Fundación Heritage, con propuestas específicas para la EPA, solicitando "un sistema, con un plazo adecuado, para actualizar la determinación de peligro de 2009". Uno de los colaboradores del capítulo de la EPA es Aaron Szabo, actualmente administrador adjunto de esta agencia.

Todo ello, después que el 23 de julio el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva histórica sin precedentes, que marca un punto de inflexión en la lucha frente al actual cambio climático, para cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos. Confirmó que la acción climática no es opcional. Los estados tienen el deber legal de actuar, y los combustibles fósiles están en el corazón de la crisis. Aporta claridad jurídica a las demandas.

La CIJ se ha pronunciado. La producción, expansión y subsidios a los combustibles fósiles pueden constituir actos internacionalmente ilícitos. Los estados tienen la obligación de proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras. La demora ya no es justificable. Esta opinión consultiva proporciona una base jurídica para su eliminación gradual a nivel mundial, que finalmente obligue a la industria de los combustibles fósiles a rendir cuentas.

Con las decisiones tomadas por la Administración Trump, la negación del cambio climático es ahora la política oficial del Gobierno de los Estados Unidos. Con posibles graves consecuencias en la política climática a nivel mundial.