Financiación sin plazos fijos

El Gobierno, que tiene mayoría en este órgano que comparte con las comunidades autónomas, tramitó ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) la senda de estabilidad presupuestaria de las administraciones de 2026 a 2028. Básicamente, el reparto del déficit máximo pactado con la Unión Europea, que ha de pasar en este periodo del 2,5% al 1,6%, entre la Administración central, la local, la Seguridad Social y las autonomías. Se trata de un paso en un proceso que ya lleva retraso (legalmente debería haberse consumado en junio). Necesario para aprobar sucesivamente el techo de gasto y unos hipotéticos presupuestos de 2026 para cada una de las administraciones pero anecdótico si en el momento final de su tramitación se topa con el hoy previsible veto, por lo menos, de PP y Junts. Las diferencias van más allá de un no a todo por una de las partes o un trágala por la otra. Es lógico que numerosas comunidades objeten que de ese objetivo de déficit se les reserve solo un 0,1% cuando deben financiar capítulos de gasto tan significativos como la sanidad y la educación. Como que la Administración central debe proveer, entre otros compromisos, la no menos significativa cobertura del déficit de la Seguridad Social.

No queda claro, a partir de las diversas interpretaciones de la legislación vigente, si la no aprobación implicaría, como plantea la vicepresidenta María Jesús Montero, que las comunidades deban ajustar sus gastos para mostrar un déficit cero. Sí es evidente que la negativa añadiría un elemento más (como si la aritmética parlamentaria no fuese suficiente)para convertir cualquier intento de aprobar unos Presupuestos que reemplacen a las prórrogas del de 2023 en un puro brindis al sol que permita repartir convenientemente responsabilidades. Una parálisis que se conlleva gracias a la inercia de crecimiento de la economía española, en una dinámica que ni puede ser indefinida ni permitiría reaccionar ante cualquier cambio de marco económico.

Pero más allá de lo inminente en el orden del día, el futuro del caducado sistema de financiación autonómica cargó el ambiente del CPFF. La vicepresidenta del Gobierno fijó un horizonte temporal inconcreto (entre enero y febrero, justo antes de que deba calzarse las botas de la campaña electoral andaluza) para presentar un modelo que se ajuste a los criterios que ayer defendió. Una propuesta que consiga salir de la trampa de combinar la negociación bilateral comprometida por el pacto de investidura con ERC y el imprescindible acuerdo multilateral que lo haga posible, el reconocimiento de la singularidad de Catalunya y las necesidades de las comunidades económicamente más dinámicas pero infrafinanciadas con la solidaridad interterritorial. Que el acuerdo sea difícil (o vistas las declaraciones públicas de los implicados, inviable) no significa que sea menos necesario, y no solo una promesa de cumplimiento más que incierto que permita seguir prorrogando la legislatura. De momento, la paciencia de ERC con la prórroga de los plazos pactados en su día y los esfuerzos del president Illa por argumentar territorio por territorio que un modelo que satisfaga a Catalunya sería también exportable al conjunto de territorios, y la evidencia de que algunas comunidades, también del PP, comparten en el fondo las mismas necesidades e incluso soluciones, permiten mantener la expectativa abierta, al menos, hasta ese horizonte marcado ayer por Montero. Que podría ser creíble si no gravitara, sobre un calendario electoral que se ha reactivado, el hecho de que la continuidad de la legislatura puede pasar a ser insostenible en cualquier momento.