¿Justicia politizada?

Politizar la justica daña al Estado de derecho porque difumina la frontera entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los jueces son independientes, pero todo se complica si los gobiernos o los partidos -que forman el legislativo- presionan.

Dos casos de esta semana lo demuestran. Uno, el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -que normalmente prefigura la sentencia- de que la amnistía es competencia de los estados, que la española no fue una 'autoamnistía', y que las finanzas de la UE no sufrieron por aquella DUI (Declaración Unilateral de Independencia) que nunca fue realidad, porque Rajoy -con apoyo de Pedro Sánchez- destituyó al Gobierno de la Generalitat y convocó elecciones. La otra es el juicio en el Supremo al fiscal general del Estado, acusado de revelación de secretos por haber filtrado el escrito del abogado de González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de Madrid, en el que reconocía un fraude fiscal y pedía un acuerdo con Hacienda.

Ambos casos -muy distintos- indican que la Justicia se politiza cuando los políticos no saben llegar a acuerdos, o están en clima de guerra - y llevan sus pugnas a los tribunales. El Estatut fue recurrido por el PP al Tribunal Constitucional y logró que fuera declarado parcialmente inconstitucional, pese a que ya había sido 'cepillado' por las Cortes y -más relevante- aprobado por referéndum en Catalunya. Ahí engordó el independentismo que -violando todas las leyes- celebró un referéndum ilegal y declaró la independencia. Pero, pese a que el 155 la fulminó, el Supremo encarceló a los dirigentes independentistas y les condenó por sedición a duras penas de prisión. Los fiscales pedían rebelión, el Supremo fue más cauto. Estamos en Europa. Pero en Catalunya se multiplicó la inflamación, porque se condenaba a unos dirigentes que habían revalidado su mayoría en las elecciones posteriores al 155.

Todo porque Rajoy y Artur Mas (luego Puigdemont) no supieron llegar a un acuerdo razonable. Sin tener en cuenta -lo dijo Carmen Calvo esta semana en un acto de Prensa Ibérica- que un buen acuerdo político es aquel que nada más te deja medio satisfecho.

Luego, pese a la sentencia favorable del Constitucional, el Supremo le ha negado la amnistía a Puigdemont, Junqueras y otros diciendo que el delito de malversación no está amparado por la ley de amnistía. ¿Guerra también entre la Sala de lo Penal del Supremo (mayoría conservadora) y el Constitucional (mayoría progresista)? Ahora, el abogado general del TJUE ha dado un espaldarazo a la amnistía, Catalunya se ha normalizado, el independentismo ha perdido las elecciones y el Constitucional previsiblemente fallará a favor de que la amnistía es aplicable a Puigdemont y Junqueras. Pero 19 años después seguimos en los tribunales por la ausencia de acuerdos políticos razonables. Tan absurdo como real.

Vamos al novio de Ayuso. Es evidente que el Gobierno ha utilizado el caso para atacar a Ayuso y al PP. Pero ya antes, o al mismo tiempo, Miguel Ángel Rodriguez, portavoz de Ayuso, había publicitado (y falseado) los hechos. Un episodio más en la guerra total ente el Gobierno y el PP. ¡El novio de Ayuso contra la esposa de Sánchez! Y la guerra ha llevado a que el Supremo haya juzgado al fiscal general por revelación de secretos. Pero la filtración podía venir de García Ortiz, o de algún otro de la fiscalía, también de la jefa de gabinete del ministro de la Presidencia -hay indicios-, la vicepresidenta Montero, o el propio Rodríguez, que peca de bocazas.

La politización de la justicia está ahí. Y no sólo en España. En Francia, Sarkozy ha ido tres semanas a la cárcel por una sentencia no firme (izquierdismo judicial), luego el tribunal de apelación le ha puesto en libertad vigilada. Y en Estados Unidos, la resistencia de los demócratas contra el autoritarismo de Trump se está librando en los tribunales y en el Supremo.

Llevar la política a los tribunales es un mal negocio. Los jueces tienen sus tendencias -ahí están la APM y Jueces para la Democracia- y en contenciosos políticos pueden ser menos imparciales que en otros pleitos civiles o penales. Es así. Contra la politización de la justicia solo hay la laboriosa cultura del pacto.

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