Aval con matices a la amnistía

El abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann, ha emitido un dictamen que, sin ser aún una sentencia, marca un punto de inflexión en el debate político y jurídico sobre la ley de amnistía. Su posición, favorable en lo esencial aunque con algunas objeciones, despeja buena parte de las incógnitas que pesan sobre la norma.

Spielmann concluye que la amnistía no vulnera el derecho europeo, ni en lo relativo a los delitos de terrorismo ni en lo referente a la responsabilidad contable del 1-O. Considera que no existe un vínculo directo entre las actuaciones de los CDR y los intereses financieros de la Unión, y que la directiva europea sobre terrorismo no impide la extinción de la responsabilidad penal. Y extiende ese aval a los dirigentes del 'procés' acusados de malversación por los gastos del referéndum, allanando así el camino al perdón de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

El informe subraya, además, que la norma se aprobó «en un contexto real de reconciliación política y social» y que, lejos de ser una 'autoamnistía', fue fruto de un procedimiento parlamentario plenamente democrático. Con ello, Spielmann rebate uno de los principales reproches de la oposición y de ciertos sectores judiciales. A su juicio, la ley no protege a un régimen ni a sus dirigentes, sino que responde a una coyuntura excepcional y a la voluntad de normalizar la vida institucional.

No obstante, el abogado general no otorga un cheque en blanco. Advierte sobre dos cuestiones concretas: el plazo máximo de dos meses para que los jueces apliquen la amnistía –que considera «excesivamente corto y vinculante»– y la necesidad de garantizar que todas las partes, incluidas las que actúan ante el Tribunal de Cuentas, sean oídas antes de resolver. Son observaciones técnicas, pero relevantes, que podrían requerir ajustes a la ley para cumplir plenamente con los estándares europeos de tutela judicial efectiva.

El dictamen ha tenido una inmediata traducción política. En la Moncloa se ha interpretado como un respaldo sólido que refuerza su estrategia de reconciliación en Catalunya. El PP, por el contrario, ha insistido en que la norma es «inmoral e ilegítima» y vulnera el Estado de derecho. Y el independentismo, por su parte, ha sido prudente: Puigdemont lo ha calificado de «paso importante», mientras ERC y Junts lo han considerado un aval que facilita la aplicación de la ley y el retorno de los dirigentes en el exterior.

Una cautela que se explica porque la opinión del abogado general no es vinculante, aunque en ocho de cada diez casos el TJUE sigue su criterio. Si ocurre también en este, el tribunal europeo consolidará la validez jurídica de la amnistía y reforzará la posición del Gobierno ante los tribunales españoles y ante la opinión pública. De momento, el mensaje del abogado general es inequívoco: la ley es compatible con el derecho europeo, no vulnera los intereses financieros de la UE ni la normativa antiterrorista, y no puede considerarse una 'autoamnistía'. Pero recuerda también que la reconciliación política debe ir acompañada de plenas garantías judiciales y de un respeto escrupuloso al Estado de derecho. Y es en ese equilibrio entre legitimidad política y solidez jurídica que se decidirá, en última instancia, el crédito de la ley más controvertida de la legislatura.