Desamiantar: el reto que llega tarde

El amianto es un mineral natural que, durante décadas, ha estado omnipresente en la construcción. Sus propiedades físicas, como la resistencia térmica y a la fricción, la incombustibilidad y el aislamiento lo convirtieron en un material milagroso. Aun así, tiene un precio altísimo: su polvillo microscópico, cuando se inhala, queda atrapado en los pulmones provocando fibrosis pulmonar y varios tipos de cáncer. El problema no es el material como tal, sino su friabilidad, es decir, la facilidad con que se rompe y libera fibras en el aire.

Durante muchos años, la gestión del amianto se ha limitado a proteger a los trabajadores que lo manipulaban. Pero hoy sabemos que el peligro es más amplio: la mayor parte de los elementos constructivos que contienen amianto han llegado al final de su vida útil y, por lo tanto, liberan fibras de forma espontánea, sin necesidad de intervención. Lo que era un riesgo laboral se ha convertido en un problema de salud pública.

Europa, con la directiva 2023/2668, ha dado un paso adelante exigiendo a los estados miembros que desamianten sus territorios antes de 2032. Esto ha generado una carrera contra reloj: miles de edificios públicos y privados necesitan la retirada de estos materiales y las empresas autorizadas no dan abasto. En Catalunya, solo las empresas inscritas en el RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant) pueden hacer estas tareas, pero la demanda crece exponencialmente mientras los protocolos y los controles ambientales continúan siendo escasos.

Además, hay que recordar que el proceso de desamiantado también puede ser contaminante. La manipulación del material libera fibras, y por eso muchas intervenciones se tienen que hacer en confinamiento, con filtros y presiones negativas que evitan su dispersión en el entorno. Estas medidas encarecen los costes, pero son imprescindibles para garantizar que la solución no acabe agravando el problema.

La situación actual pone en evidencia una carencia estructural: sabemos que el amianto es cancerígeno desde hace más de cuarenta años, y su fabricación está prohibida desde los noventa. A pesar de esto, la inacción institucional y sectorial han hecho que se haya dejado pudrir el problema hasta el límite. Solo la presión de antiguos trabajadores de Macosa, la FAVB y otros colectivos han mantenido viva la denuncia y la demanda de una desamiantización real.

Ahora, cerca de la fecha límite, nos encontramos con un colapso anunciado: carencia de profesionales, procesos precipitados y riesgo de hacer mal aquello que justamente tendría que protegernos. La desamiantización es un espejo de lo que pasa a menudo en el sector: actuamos tarde, cuando la urgencia ya nos ha superado.

Este caso tendría que servir de advertencia. En arquitectura hay otros retos como la descarbonización, la reducción de otros productos tóxicos o la mejora de la calidad del espacio interior, sobre los cuales también tenemos evidencia científica y directrices europeas. Si no queremos repetir el mismo error, hay que anticiparnos con contundencia. Y es que la salud de las personas no es un lujo ni una moda: es una cuestión de responsabilidad colectiva. Y cuando no actuamos a tiempo, la factura económica y humana es siempre mucho más alta.

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