Vivienda: los malos dogmas

Las encuestas, tanto del CIS para toda España como del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat (CEO), dicen que la vivienda es, de largo, el gran problema. Y su escasez y carestía son hoy más graves que hace algo más de siete años cuando Sánchez fue elegido presidente. Pese a que el Gobierno ha dedicado más fondos a la vivienda pública y pese a que en el 2023 promulgó una muy polémica ley de vivienda.

¿Qué ha pasado? El problema viene de lejos. Casi de siempre, pero ha empeorado porque ahora España necesita cada año 160.000 nuevas viviendas -en gran parte, pero no solo por la imprescindible inmigración- y en cambio solo se construyen 85.000. La demanda dobla a la oferta y por tanto -salvo milagro divino- los precios subirán. Y no es algo fácil de arreglar porque urbanizar y construir exige tiempo. Pero el progresismo dogmático -tan estéril como todos los dogmatismos- cree y propaga que el mercado ha fallado y que la solución es la intervención del Estado. Y no es exactamente así. Es el Estado y las otras administraciones públicas las que han fallado. La prueba irrefutable -lo dice el propio Pedro Sánchez- es que el porcentaje de viviendas públicas en España es muy inferior a la media europea.

Es el Estado el que ha hecho -o promovido- mucha menos vivienda pública de la que debería. Y por eso el problema de la vivienda es peor que en otros países. Está muy bien que Sánchez y Salvador Illa quieran construir más viviendas, pero nadie lo sabe hacer de la noche a la mañana. Y no es seguro que el sector público vaya a brillar por su eficacia. Deberían admitirlo.

La principal causa -no la única- de que haya poca vivienda es que hay poco suelo edificable y la ley del suelo del 2015 dilata mucho todos los trámites para la construcción. Hay que reformar -para agilizar- la ley del suelo y el PSOE y el PP lo saben. Pero el PSOE no tiene mayoría para hacerlo porque sus socios se oponen y el PP no quiere socorrer a un Gobierno que le tilda de reaccionario. Aquí tampoco ha fallado el mercado sino los dos grandes partidos que no saben pactar nada. Y la extrema izquierda que, prisionera de sus demonios, no quiere cambiar una ley del suelo que -fruto de otra época y otras preocupaciones- se hizo bajo el gobierno Rajoy.

Vamos al alquiler. Querer imponer desde el Gobierno central el control de alquileres -como hizo la ley de vivienda de mayo del 2023- es un serio error porque las competencias están en las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas hoy por el PP. En vivienda, sin pacto entre los partidos que mandan en las autonomías se logrará muy poco. Y el control de alquileres -que puede ser útil de forma puntual- tiene contraindicaciones a medio plazo. Quizás contenga los precios, pero -se ve ahora en Catalunya- disminuye la oferta de pisos en alquiler. Y eliminar los pisos turísticos -si se puede- quizás sea útil a corto, pero no es la solución. Tampoco otros 'inventos' que aún pueden complicar más las cosas. Habrá que volver sobre los alquileres.

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