Es el momento de las redes

Aunque de manera errática, España está sabiendo aprovechar la ventaja competitiva que le proporciona la transición hacia las energías renovables. La intuición de distintos gobiernos, de Zapatero a Sánchez, la adaptación que han hecho los grandes grupos energéticos a la descarbonización, el auge de nuevos operadores basados en la energía no distribuida y el crecimiento de la demanda por parte de consumidores e industrias responsables medio ambientalmente han hecho que la generación a partir de energías renovables haya alcanzado un peso óptimo en el mix eléctrico español. Quedan por solventar dos grandes retos. El primero es el de la estabilidad del suministro en el que solo el peso de la ideología impide ver que, hoy por hoy, es mejor solución la generación nuclear que los ciclos combinados de gas. En breve tendremos la resolución del enigma. El segundo es el de las redes de distribución, tanto de alta como de baja tensión. Desde el apagón del 28 de abril, aunque aún no conozcamos las causas exactas del incidente, hemos tomado consciencia de que es urgente una mayor inversión en las redes de distribución. Primero, para mejorar la estabilidad. Pero, sobre todo, para dar respuesta al incremento de la demanda de energía eléctrica, especialmente pero no solo en la industria, como consecuencia de la descarbonización. Frenar el despliegue de redes es lo que buscan quienes ven en la transición energética una palanca para su proyecto de decrecimiento económico. Y penalizar la inversión en redes, el sector calcula que se necesitan 30.000 millones en 10 años, no deja de ser una forma de impedir o ralentizar ese despliegue.

La fórmula que propone en este momento la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contempla una tasa de retribución del 6,58%, un punto más que la actual. Esta propuesta, que está en trámite actualmente, regula la compensación a los operadores por el despliegue de las redes y por su mantenimiento. Una inversión para la que, lógicamente deberán buscar financiación y acudir a los mercados internacionales. Y allí se encontrarán con sus homólogos europeos que están percibiendo tasas de retribución superiores al 7% y que además consiguen más de 400 euros por cliente frente a los 176 que obtienen en España con lo cual conseguirán mejores condiciones de acceso a la financiación. Puede ser lógica la preocupación de la CNMC para que el despliegue de las redes no impacte en la factura. Pero hay otra manera de verlo. Una parte de la mejora de los precios como consecuencia de la generación desde fuentes renovables debe dedicarse a las redes en lugar de repercutirla directamente a los clientes que, seguramente, preferirán esto a padecer inseguridad en el suministro.

Este asunto no es menor. No es una disputa más entre el Gobierno y las grandes empresas, porque si las condiciones no permiten a los operadores acceder a la financiación, las inversiones quedarán comprometidas y eso se traducirá en naves industriales sin la conexión que necesitan o nuevas viviendas recién construidas, otra urgencia, sin acometida eléctrica. La transparencia que se exige a las compañías debe corresponderse también con una mayor transparencia en los procesos de regulación. Solo el peso de la ideología impide ver la necesidad de garantizar una retribución justa y competitiva.