¿Resistirá nuestra democracia una campaña electoral permanente?

La llamada “campaña permanente” fue una fórmula concebida por asesores de comunicación en los años ochenta, en tiempos de una hegemonía de la televisión. Consistía en mantener el ritmo y la tensión de la campaña electoral durante todo el periodo de mandato. Gobernar era lo de menos; lo que importaba era comunicar. Se trataba de mantener al líder en el centro del foco mediático, seguir las encuestas al milímetro y fabricar relatos favorables al gobierno, aunque estos falsearan la realidad.

En su momento, la fórmula fue una innovación estratégica, hoy, en cambio —cuando mandan las redes sociales y vivimos en un estado de conexión permanente—, la campaña permanente se ha convertido en un imperativo categórico. Por esto, la política se ha transformado en un espectáculo frenético y caótico, en un teatro sin pausas donde solo se actúa para la galería. Un espectáculo que transforma las declaraciones y los programas en un rosario de eslóganes vacíos.

Tras el 'show' vivido recientemente en el Senado y con elecciones a la vista —en Extremadura en diciembre; en Castilla y León, en marzo; y en Andalucía, en julio—, parece evidente que España ha entrado ya en una campaña electoral permanente que se prolongará, como mínimo, hasta las próximas elecciones generales (cuando menos). Y es muy posible que los estrategas de comunicación, las empresas encuestadoras y los medios celebren ese ritmo, porque verán aumentar sus ingresos. Pero para la democracia puede ser letal: casi ningún sistema democrático resiste indefinidamente en modo campaña sin exponerse a graves peligros.

Una esfera pública intoxicada

¿Qué peligros?

Aumentará la tensión parlamentaria hasta cotas impredecibles. Será cada vez más difícil aprobar leyes. El ruido se hará ensordecedor porque los bloques mediáticos reforzarán sus trincheras: unos invocando el “no pasarán” frente al fascismo, y otros proclamándose “salvadores de patria(s)”. La esfera pública se sobrecalentará, y lo que antes era discrepancia legítima se convertirá en animadversión permanente y en odio.

El resultado será una sociedad aún más polarizada, una ciudadanía agotada por la bronca continua y unas instituciones políticas más desgastadas que nunca antes en democracia.

¿Favorece esto a la convivencia democrática? De ningún modo. Incluso aunque aceptemos como principio que la vida democrática se nutre del debate y el conflicto. Porque cuando se sobrepasan ciertos umbrales de tensión, lo que se nos viene encima puede asemejarse más a un tsunami contrademocrático que a la conformación de nuevas mayorías. Sin ir más lejos, lo estamos viendo en EEUU. Urge, por tanto, rectificar y corregir el rumbo.

Acabar con el guerracivilismo

Urge, ante todo, reducir la agresión verbal entre partidos y dirigentes. Es imprescindible alcanzar pactos o códigos de conducta que impidan que, ante cualquier crisis —una catástrofe natural o el colapso de un servicio público—, los discursos se asemejen más a los de 'hooligans' que a los de los servidores públicos que cobran del Estado. En otros países se han firmado pactos de no agresión verbal. ¿Por qué no imitar su ejemplo? El berrinche continuo y el cavar trincheras nunca pueden acabar en nada bueno.

También hay que abandonar la lógica de bloques irreconciliables. Llevada al extremo, la política de bloques cerrados solo conduce al inmovilismo y a la parálisis. Y seguir en ella durante mucho tiempo solo nos conduciría a un estado de guerracivilismo cultural y, a la larga, a una especie de estado de inanición generalizada.

Por último, incluso en estado de campaña permanente, hay que respetar la autonomía e independencia de las instituciones. Estas no pueden sucumbir al dictado del Ejecutivo —ni de la oposición— sin desnaturalizarse y sin perder legitimidad. No podemos perder nunca de vista que en las campañas electorales solo deben actuar los partidos y los candidatos: gobiernos, parlamentos y otros poderes del Estado no pueden tomar partido; y tampoco aquellas instituciones que precisamente tienen su razón de ser en su propia independencia y neutralidad, como son los consejos de regulación, los medios y las agencias públicas.

Solo así podremos resistir democráticamente el peligro de las campañas permanentes. Solo así preservaremos el clima de convivencia y el Estado de derecho que necesitamos. Y solo así garantizaremos que las elecciones sigan siendo un espacio de confrontación de ideas y que no se conviertan en una guerra total destinada a aniquilar al adversario.

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