Quién juzga a quién en el Supremo

El procesamiento en el Supremo a Pedro Sánchez a través de su fiscal general del Estado, «¿y la fiscalía de quién depende?», no se centra en la figura de Álvaro García Ortiz por su poderío sino por su extrema debilidad. Donald Trump, por citar una figura que obtendría el consenso aprobatorio del tribunal, no se hubiera detenido a devorar una presa tan desvalida. Por eso mismo, la inocencia acreditada incluso fisonómicamente del reo pesa tan poco como su condena. Los pífanos del «nunca había ocurrido» olvidan que la excepcionalidad no implica que la ocurrencia en cuestión tenga el mínimo interés. Desde el punto de vista del espectáculo de la información, una imagen de Maribel Vilaplana vale más que la sentencia íntegra que se está cocinando en el Supremo.

El resultado se aproxima demasiado a ‘La torna’, que le costó la cárcel a Albert Boadella. Se podría perseguir penalmente por menosprecio institucional a quien montara una tramoya semejante, léase el artículo 504 del Código Penal, contra los que «injurien al Tribunal Supremo». Reducido a su nivel paródico, el procesado llega escoltado en su coche oficial, se sienta en estrados con su uniforme de general fiscal. Deslumbra su capacidad artillera. El número uno de la fiscalía, los fiscales y la abogacía del Estado contra seis magistrados tan caracterizados como Marchena o Lamela, que además se encuentran en el otoño de su esplendor mediático. El blindaje del inculpado obliga a plantear quién juzga a quién.

El Estado pagará muy cara la bufonada de que un presidente del Gobierno tenga que declarar en comisiones insustanciales del Senado, y de que cualquier funcionario pueda interrogar penalmente al primer ministro en la Moncloa, ni lo sueñe en los países más democráticos del planeta. Por fortuna, son prerrogativas que la derecha suprimirá al recuperar el poder, con el mismo brío que empleó para humillar a sus predecesores. La izquierda siempre gobierna de prestado.

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