¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está

Hace cinco años, en plena campaña electoral para las elecciones generales, Pedro Sánchez, en una entrevista en RNE, se hizo una pregunta retórica: "¿De quién depende la fiscalía?". Por aquel entonces, al insinuar que la Fiscalía actuaría a su dictado, pretendía garantizar que Puigdemont acabaría rindiendo cuentas ante la justicia española.

Sánchez cambió de criterio, con él la Fiscalía general del Estado, y su sumisión a los intereses políticos quedó, de nuevo, corroborada. La independencia de la fiscalía del poder ejecutivo siempre ha sido cuestionada, solo que lo que en realidad juzga el juicio que se inicia esta semana es si la Fiscalía general del Estado se convirtió en una herramienta al servicio de Pedro Sánchez para destruir a quien La Moncloa tiene identificada como su verdadera adversaria política: Isabel Díaz Ayuso.

La obsesión de Sánchez con Ayuso no se circunscribe a la presunta filtración de información sobre la pareja de la presidenta madrileña en marzo de 2024. El intento de acabar con Ayuso llevó a Sánchez a filtrar información a la anterior dirección del PP, con el fin de que estos pudieran hacer dimitir a una adversaria interna. Nunca la frase de Pio Cabanillas, “cuerpo a tierra que vienen los nuestros”, tuvo más sentido.

La verdad judicial y la realidad política no siempre van de la mano, aunque la segunda siempre que le conviene usa a la primera para legitimarse. Si la sentencia no le es favorable, queda el recurso de acusar a los jueces de 'lawfare', moda que puso en marcha el independentismo catalán y que todo el Gobierno ha hecho suya.

Lo que está en tela de juicio es si se puede demostrar que la Fiscalía general del Estado actuó como un bufete particular al servicio de La Moncloa y ejecutó la estrategia dictada por aquel a quien le debe el puesto. Casi nadie duda de que Pedro Sánchez y Álvaro García Ortiz utilizaron información confidencial relativa a un acuerdo entre la fiscalía y un particular, con el objetivo de hundir políticamente a Díaz Ayuso. Tan pocas dudas hay sobre esto que el mismísimo líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, fue depurado por negarse a colaborar en la conspiración contra la presidenta madrileña.

Sánchez no engaña a nadie, él no duda de que la Fiscalía General del Estado debe estar al servicio de la presidencia del gobierno. Que el artículo 124 de la Constitución diga que la fiscalía debe velar por la independencia de los tribunales es para el presidente del gobierno un pequeño detalle sin importancia.

Posiblemente para la mayoría de la gente el juicio al fiscal general del estado, por revelación de secretos y otros delitos, será visto desde la lejanía y con cierto desapego, una lucha entre poderosos, pero el fondo es muy inquietante: ¿Pueden la presidencia del gobierno y la fiscalía ponerse de acuerdo, de forma impune, para conspirar contra personas particulares siempre que a ellos les interese? ¿No están llevando a una especie de oclocracia?

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