Intervenir el mercado ¿hasta dónde?

La crisis de la vivienda, el problema que más preocupa en este momento al conjunto de la sociedad española, está generando un consenso inédito en la ciudadanía sobre las medidas que las administraciones deberían adoptar para facilitar a las familias, y en particular a los jóvenes, el acceso a un espacio digno, y a precio asequible, donde vivir. Esa coincidencia sobre qué deberían hacer los gobiernos central, autonómico y municipal se produce de manera particular en Catalunya, donde una parte mayoritaria de los ciudadanos apoyan medidas intervencionistas que ayuden a poner en el mercado de alquiler y venta pisos a un coste moderado.

Según el estudio realizado por el Observatorio Social de la Vivienda en España de Prensa Ibérica y Banco Santander, que hoy publica EL PERIÓDICO, dos de cada tres catalanes son partidarios de que se limiten por ley los precios del alquiler, un 82% respalda una regulación de los pisos turísticos que controle su expansión y el 78% apoya que se concedan avales sin interés para facilitar el acceso de los jóvenes a la compra de su primera vivienda. Tres tipos de medidas que dependen directamente de la regulación de las administraciones y que reciben un apoyo bastante transversal de los consultados sin distinción de edad, estatus económico e ideología.

Buena parte de la ciudadanía sufre las consecuencias que los elevados precios de la vivienda están causando en la población y que van desde la dificultad de emancipación de los jóvenes hasta el freno a la creación de empleo en localidades donde los alquileres o el precio de compra son inalcanzables para los posibles contratados. Se está generando, por tanto, no solo un problema de ansiedad social en aquellos que no alcanzan a pagar una vivienda sino también un freno para las posibilidades de crecimiento económico de muchas localidades. Ante la emergencia habitacional, las actuaciones de las distintas administraciones están siendo todavía muy insuficientes, entre otras cosas porque no se está abriendo paso a la colaboración del sector privado al que se estigmatiza cuando es imprescindible para generar oferta.

Los procesos de construcción de vivienda llevan más tiempo de tramitación, edificación y urbanización del que disponen los particulares para acceder a ellas. No se trata solo de que las inversiones públicas sean insuficientes —las administraciones están disponiendo partidas presupuestarias para abordarla y el presidente Sánchez ha pedido a la Unión Europea que cree un fondo para construir pisos protegidos—, la razón del retraso radica más en la falta de celeridad a la hora de concretarlas. También en la ausencia de un gran pacto de Estado que agrupe al conjunto de las administraciones, de todo signo político, y que, de existir, estaría permitiendo impulsar un gran plan de vivienda protegida que resuelva, o al menos ataje, la inminencia del problema. Ese pacto, que exige de los políticos un esfuerzo para superar la irritante polarización política, no debería posponerse ni un minuto más.

Mientras eso llega, la ciudadanía busca en las medidas intervencionistas soluciones más rápidas. Los gobernantes, sin embargo, no pueden obviar que la realidad social que deben atender es compleja y no afecta únicamente a quienes no pueden acceder a una vivienda. Una regulación prudente y equilibrada del mercado debe tener en cuenta, por ejemplo, que muchos de los propietarios de viviendas son pequeños ahorradores, que redondean sus ingresos con el alquiler de sus pisos.