Montserrat Comas d'Argemir, prudencia y solvencia

Hay semanas que definen la historia cíclica de este país. Para la justicia, la que cerramos ha sido una de ellas. El CGPJ vuelve a su casilla de salida. Poco más de un año ha durado la tregua entre conservadores y progresistas, presentada como el final feliz tras un lustro de desencuentros que marcaron al órgano de gobierno del tercer poder. Los hechos desmienten hoy las alharacas de entonces del ministro Félix Bolaños.

El regreso a las trincheras coincide con la presentación de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Un texto que quiere actualizar lo que queda del redactado de 1882. Pero su camino se avista tortuoso. A las objeciones imaginables de todas las derechas y parte de las izquierdas hay que añadir las de la mayoría de un sector profesional influyente y con capacidad de rebelión. Lo demuestra su resistencia a aplicar la ley de amnistía. De poco sirven las justificaciones del paso del tiempo relatadas por el ministro: el proyecto de ley se presenta 143 años después de aprobada la norma y tras 44 presidentes de gobierno y 106 titulares de justicia. Se le olvidó añadir que también cinco más tarde que su antecesor, Juan Carlos Campo, lo dejara encarrilado. Los malpensados creen que la estadística esconde el humano deseo de posteridad del titular de la cartera, si su apellido acaba bautizando al texto. Pero este anhelo, de existir, será tan efímero como caduco.

En el mejor de los cálculos, la nueva legislación entraría en vigor en enero de 2028. Eso es, al año siguiente de las elecciones generales sobre las que se especula a diario con su adelanto. En el horizonte, la instrucción penal quedaría en manos de los fiscales y se limitaría la acusación popular. Una de las piedras en el zapato de Pedro Sánchez, dolido por el uso abusivo que de esta figura hacen los sectores que le quieren echar de Moncloa. Aire que flotaba en el ambiente durante su comparecencia del jueves en el Senado.

A esto también se refería el juez Manuel García-Castellón en estas páginas. De su utilización interesada -decía– por parte de partidos políticos y sindicatos que la alaban o critican según les conviene. Para el polémico magistrado retirado esto demuestra el momento crítico de la relación de dos poderes del Estado en choque permanente. Culpa de los “poderosos de diverso pelaje”, que no aceptan que “la misión fundamental de la justicia es la protección de la democracia”. Curiosamente, el exjuez de la Audiencia olvidaba sus propios fallos profesionales que dejaron al descubierto las contradicciones que ilustran su currículum. Memoria selectiva que tiene su reverso en Montserrat Comas d’Argemir Cendra (Barcelona, 25 de octubre de 1953).

Flamante jubilada, la hasta ahora magistrada del TSJC se va con la misma discreción con la que ejerció su postulado. Vocacional y pedagógica, la jueza del caso Palau entendió siempre la ejemplaridad que debe acompañar a la aplicación de la ley. Opinó a través de sentencias, aunque no dejó de exponer sus puntos de vista técnicos en los medios que quiso cómplices. Jurista adelantada en cuestiones de género, estuvo en el Consejo y presidió su Observatorio contra la violencia doméstica. Nunca figuró en la lista de jueces estrella. Ni falta ni ganas.

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