Mazón, al final de la escapada

Pasará mucho tiempo antes de que se desvanezcan los ecos del funeral de Estado del miércoles en Valencia, compendio de un luto agravado por la permanencia de Carlos Mazón en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Son demasiadas las preguntas sin respuesta a que da pie lo sucedido durante el último año, contenidas todas ellas en una afirmación diáfana, la de Virginia Ortiz, que en Letur perdió a un primo en la riada: “Es quien omite su deber a sabiendas de que su omisión pone en riesgo vidas humanas quien comete el acto primigenio que deriva en sus muertes”. Por más vueltas y explicaciones que se busquen en el laberinto de los intereses creados de la política no hay un solo argumento para justificar esa permanencia en el poder de Carlos Mazón a despecho de la calle enardecida, de los datos que acumula la jueza Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa; no hay forma de detectar en los regates en corto de Alberto Núñez Feijóo una sola y escueta razón moral que los justifique.

Transcurrido un año, nadie duda de que Carlos Mazón no actuó solo como un gobernante incompetente, sino como un gobernante opaco, propagador de versiones cambiantes, contradictorias, incompletas, incongruentes referidas a la comida en el restaurante El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana. Porque no se trata de aclarar un año después dónde anduvo y qué hizo el presidente; sino por qué no estuvo donde debía estar cuando la catástrofe era una realidad insoslayable. No hay forma de dar en las hemerotecas con una sola declaración autocrítica de Carlos Mazón en medio del barrizal; su relación con los deudos de las 229 víctimas valencianas ha sido como poco huidiza desde que se desencadenó la tragedia.

Resultan de todo ello francamente obscenos los cincuenta segundos de aplausos de la claque del núcleo duro de la Generalitat al acabar el presidente la lectura de una declaración que no pasó de ser, en el mejor de los casos, una larga cambiada para no decir nada ni entonar mayor mea culpa que reconocer, más o menos, que las cosas se podían haber hecho mejor. Hay entre la obligación ética del imperativo categórico kantiano y la nadería absoluta o la ocultación de la realidad una gama de grisis que permite, por lo menos, no caer en la indignidad. Perdió Carlos Mazón esa mañana del miércoles la gran oportunidad de anunciar que dimitiría al acabar el funeral y optó, por el contrario, por rodearse de sus adeptos a pesar de que las encuestas dicen lo que dicen: el 60% de los votantes valencianos del PP quieren que el presidente se marche a su casa.

De hecho, es un clamor que resuena desde hace un año la exigencia de que dimita. Y fue una indignidad la reacción de la televisión autonómica A Punt, el sábado, 25 de octubre, ante la manifestación de 50.000 personas por el centro de Valencia exigiendo la salida del presidente: programó una corrida grabada de 1997 y no prestó atención a la protesta. En todo recordó a las artes escénicas de presidentes anteriores que utilizaron la televisión autonómica -Canal Nou de nombres entonces- sin mayores pudor y neutralidad. De ahí que resultase tan chocante la arremetida de Alberto Núñez Feijóo contra TVE el miércoles pasado en la sesión de control del Congreso, y que fuese justificadamente dura la reacción de Xabier Fortes en La noche en 24 horas -recordó el episodio taurino de A Punt-, descorazonador resultado de la batalla sin tregua desatada en las instituciones, con el drama valenciano entre los resortes más potentes activadores de la refriega. A nadie le salen las cuentas para las próximas elecciones, sean cuando sean estas, y el PP no es una excepción, complicado el dosier valenciano con el andaluz de los cribados de cáncer de mama.

Ocupan la memoria colectiva los 237 nombres leídos por Lara Siscar en el funeral y cualquier otra consideración resulta irrelevante porque son miles los valencianos que exigen explicaciones. No hay argumento que pueda neutralizar el convencimiento de que se podían haber evitado muchas muertes si los avisos se hubiesen hecho en tiempo y forma; es imposible dudar de que hubo la posibilidad de salvar vidas si se hubiese actuado con profesionalidad y diligencia. Es imposible olvidarse de las declaraciones hechas a RAC1 por la entonces consellera Salomé Pradas, que reconoció que desconocía la existencia de un sistema de alarmas y cómo activarlo. Es moralmente insostenible la estrategia de desviar la atención hacia otros presuntos responsables del desastre -la Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar, la delegada del Gobierno- cuando la reacción inmediata al diluvio y el desbordamiento de los barrancos competía a la Generalitat.

No hay cortafuegos posibles en esta crisis. Ha resultado vana, ineficaz e insultantemente deformadora de la realidad la pretensión de buscar responsabilidades en otros ámbitos de la Administración. Se antoja incomprensible el comportamiento de la dirección del PP ante el impacto emocional de la dana. Prevalece, en cambio, la convicción inalterable de que Carlos Mazón se mantuvo ausente durante horas en el día más trágicamente determinante de su mandato y se parapetó luego tras un castillo de naipes sin mayor consistencia. Ni siquiera los analistas más conservadores ponen en duda la versión que ha movilizado a una opinión pública que aspira a conocer la verdad para honrar la memoria de los muertos. Y, claro, es obvio que no solo Carlos Mazón debe rendir cuentas, pero era y es él quien habita la cima de la pirámide de autoridad, es nada más y nada menos que el representante del Estado en la Comunidad Valenciana.

Debe ser el mensaje dejado por el funeral un punto de inflexión en la desconcertante secuencia de acontecimientos que siguieron a la gran riada. Si lo es, será posible el esclarecimiento de los hechos en los juzgados y la exigencia ineludible de responsabilidades políticas en las instituciones. Si no lo es, si se da pábulo a la confusión, a las medias verdades y a los argumentos interesados o retorcidos, entonces se habrá perdido una gran ocasión para dignificar la política y se causará un daño irreparable a la confianza en las instituciones. No será la primera vez que tal cosa sucede, pero será de una gravedad extrema porque los conciudadanos de las 237 víctimas, con sus familiares y amigos en primera estancia, tienen derecho a una explicación sin sombras y engaños.