CGPJ: la independencia como anomalía

El reciente pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desatado una profunda crisis en la institución volviendo a evidenciar su politización. Lo que debía ser un trámite de renovación de las comisiones internas se convirtió en una tensa sesión. Los dos bloques tradicionales, progresista y conservador, presentaron listas distintas, a las que se sumó una tercera propuesta del vocal Carlos Hugo Preciado, formalmente vinculado al sector progresista pero que actúa con autonomía desde hace meses. Su lista, idéntica a la del grupo conservador, prosperó gracias al apoyo de esos vocales, de su propio voto y del de la presidenta Isabel Perelló, otorgando a los conservadores la mayoría en la Comisión Permanente, considerada la "sala de máquinas" del Consejo.

La reacción del sector progresista fue inmediata, exhibiendo sin ningún tipo de pudor la fractura ideológica y la voluntad de preservarla más allá de cualquier otra consideración. Nueve vocales firmaron un comunicado denunciando que el nuevo reparto "rompía deliberadamente el consenso",  acusando a la presidenta de imponer "un cambio de reglas que excluye al 45 % del Pleno" y alertando que con ello se ponía fin al modelo cooperativo y equilibrado que había permitido un año de estabilidad. Poco después, José María Fernández Seijo, uno de los firmantes y figura destacada de ese grupo, presentó su renuncia por motivos personales, una salida que difícilmente puede desvincularse de lo sucedido.

Esta secuencia -votación, denuncia y dimisión- deja al descubierto el problema de fondo del Consejo: pese a ser un órgano concebido para garantizar la independencia judicial, actúa bajo una lógica de bloques que reproduce y perpetúa dinámicas políticas.  En él, las mayorías se construyen en función de afinidades ideológicas más que de criterios técnicos, y la autonomía individual se percibe como una amenaza para el equilibrio de poder. Y en este sentido, el caso de Preciado es revelador; ya que su posición, ejercida en conciencia, ha sido interpretado por algunos de sus compañeros como un traición, cuando en realidad las manifestaciones de independencia deberían más la norma que la excepción y más motivo de alabanza que de reproche.

La actual crisis del CGPJ no puede entenderse sin el prolongado bloqueo que durante años lo mantuvo secuestrado por los partidos y que la reciente renovación no ha resuelto. Porque de lo sucedido estos días se deduce que la mayoría de los vocales sigue actuando como delegados de las fuerzas que los propusieron,  hecho que plantea dudas sobre si su méritos procede de su solvencia profesional y técnica o de su afinidad ideológica. La dimisión de Fernández Seijo refleja el agotamiento de un modelo que ha convertido al órgano de gobierno de los jueces en un espejo más de la disputa partidista y, mientras la lógica de bloques siga marcando su funcionamiento, el Consejo continuará perdiendo autoridad moral y legitimidad y alimentando la percepción de una justicia politizada.

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