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Opinión | NADA ES LO QUE PARECE

La vivienda, a la deriva en Catalunya

Construcción de viviendas.

Construcción de viviendas. / Europa Press

Foment del Treball y APCE han denunciado este jueves el bloqueo político que impide suavizar la reserva del 30% de los pisos de nueva construcción para vivienda social o asequible. Una medida que ha paralizado la promoción de pisos nuevos en la ciudad. Al único que citan con nombres y apellidos es al alcalde Jaume Collboni al que consideran preso del “colauismo y del tripartito del decrecimiento”. Una opinión, respetable como todas. Quizás si hablamos de bloqueo habrá que ver también que otros actores intervienen. Se podría hablar, también dentro del ámbito de las opiniones, de que el grupo municipal de Junts, por ejemplo, estaría preso del “procesismo y del bipartito del legitimismo”. La foto igual sería más completa y la denuncia que hacen todavía más justificada: hay una mayoría social en la ciudad de Barcelona a favor de revertir esa medida que no hay manera de que se articule en la sala de plenos del ayuntamiento. En julio, cuando hubo un acuerdo prácticamente cerrado, desde Waterloo se vetó con un argumento que inhabilita cualquier vía negociadora: “no se puede pactar nada con los del 155”. El teniente de alcalde Jordi Valls tendrá más o menos margen de negociación, pero lo que seguro que no puede ofrecer es retroceder en la historia.

Ahora, Junts, necesitado de tener cuota de pantalla en la negociación presupuestaria y de gestos que se interpreten en la Moncloa como amenazas reales, esgrime que las contraprestaciones a un hipotético pacto para amansar el 30% deberían incluirse en las ordenanzas fiscales que Collboni va a sacar adelante con quienes están dispuestos a apoyarle, Esquerra y según y como los Comuns. No es muy diferente a lo que está ocurriendo en la otra ribera de la plaza Sant Jaume donde aún resuenan las palabras del president Illa el miércoles en el Parlament cuando se abrió a poner límites a la compra especulativa de viviendas en base a un dictamen jurídico solicitado por los de Colau en el AMB. El legitimismo condena a Catalunya a parecer una república soviética. Pero no repartamos mal la responsabilidad.

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