La UE choca con la realidad en la cumbre

La Unión Europea (UE), atrapada por sus propios ajustes presupuestarios y un creciente descontento ciudadano desatendido, está agotando su capacidad para seguir financiando a Ucrania en solitario, tras la decisión de Washington de cortar el envío de fondos. La Comisión Europea presentó un alambicado plan para utilizar los 200.000 millones de euros de activos financieros rusos inmovilizados (175.000 millones en Bélgica) para prestar 140.000 millones a Ucrania para financiar su presupuesto y la compra de armamento durante 2026-2027. Pero ese plan sufrió un duro choque con la realidad en la cumbre europea de este 23 de octubre en Bruselas.

El plan no fue aprobado, no aparece ni mencionado en las conclusiones de la cumbre y la cuestión sobre cómo seguir financiado a Ucrania será abordada de nuevo en diciembre en base a las propuestas de "opciones" que presente la Comisión Europea. Las conclusiones de la cumbre destacan que la UE y sus países miembros ya han proporcionado 177.500 millones a Ucrania desde 2022.

El plan de utilizar los activos rusos congelados plantea graves dudas sobre su legalidad internacional y se basa en la idea de que Rusia, una potencia nuclear, será derrotada en la guerra en Ucrania y aceptará pagar multimillonarias indemnizaciones a Kiev por reparaciones de guerra, en una especie de nuevo Tratado de Versalles. Esto permitiría a Ucrania devolver el préstamo de 140.000 millones y restituir los activos rusos utilizados.

Credibilidad del euro

El plan diseñado por la Comisión Europea para utilizar los activos rusos amenaza la credibilidad del euro como divisa de reserva internacional, ya que muestra que los activos pueden ser confiscados con facilidad, y puede poner en peligro la estabilidad financiera de la eurozona si los tribunales internacionales exigen a los países de la UE depositarios de esos activos rusos congelados la devolución de esas cuantiosas sumas de dinero.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido reiteradamente que la UE debe “respetar las reglas internacionales y la legislación internacional” y que cualquier contencioso legal sobre los activos rusos congelados dañara peligrosamente la credibilidad del euro, desincentivara a los inversores internacionales de optar por activos en euros y será potencialmente dañino para la estabilidad financiera de la zona euro.

Lagarde insistió en sus advertencias el pasado 6 de octubre ante el comité de asuntos económicos y financieros del Parlamento Europeo, donde subrayó que el BCE mirará con lupa si lo que se propone “está de acuerdo con la legislación internacional y es compatible con la estabilidad financiera”. Lagarde destacó especialmente que la prioridad del BCE en esta cuestión es proteger los intereses de la “estabilizad financiera” de la eurozona y “la fortaleza del euro” y que cualquier decisión debe estar respaldada por cada uno de los estados europeos donde existan activos rusos congelados.

Mutualizar riesgos

Estados Unidos y el Reino Unido, que siempre han buscado cómo debilitar al euro como divisa internacional, son entusiastas promotores de la utilización de los activos rusos congelados en la UE para financiar a Ucrania. Paradójicamente, Estados Unidos nunca se ha atrevido a utilizar para ningún fin los activos financieros de otros países que ha congelado en su territorio con sanciones, ni siquiera cuando se ha tratado de estados parias como Irán o Venezuela.

Bélgica, principal depositario en la UE de los activos congelados rusos, se negó a aceptar en la cumbre el plan de la Comisión Europea a menos que todos los estados de la UE aceptaran mutualizar los riesgos y asumir de forman conjunta el coste de una eventual decisión judicial de la devolución de esos fondos a Rusia. La negativa de los demás lideres europeos a asumir ese eventual coste confirmó de forma implícita su escasa confianza en la legalidad internacional del plan. Detrás de Bélgica, hay otros países, como Francia, que son reticentes por los riesgos que implica.

Las decisiones sobre Ucrania se aprobaron además sólo con el respaldo de 26 estados miembros, con la negativa de Hungría de suscribirlas. Al tratarse de decisiones de política exterior y de seguridad común, el Tratado de la UE establece la obligatoriedad de la unanimidad o como mínimo de una abstención constructiva (Título V). El Tratado de la UE no contempla la figura legal de decisiones a 26, por lo que estos acuerdos no comprometen a la UE, sino únicamente a los estados individuales que los suscriben.

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