El coste de los residuos

El Parlamento Europeo aprobó en 2018 la modificación de la directiva marco sobre tratamiento de residuos aprobada por la misma cámara en 2008. La reforma abundó en la idea de que quien contamina paga, y ese principio se hizo extensivo a la financiación del tratamiento de los residuos urbanos -las basuras que generan los habitantes de los municipios- con el propósito de alcanzar la cobertura total de su coste a partir de una tasa específica que repercuta el coste al vecino en función de su contribución a la reducción y reciclaje, que en España compete fijarla a los ayuntamientos. Una atribución del coste técnicamente difícil, es cierto. La realidad es que tal horizonte de cobertura es aún muy lejano, ha dado pie a diferencias abismales en las tasas de un municipio a otro y su incumplimiento ha sido objeto de desaprobación.

El hecho es que en 2025 el importe medio de la tasa por hogar es de 116,32 euros al año, el 16,2% mayor que en 2024, pero la cobertura de los costes se queda en el 65,2%. Es decir, los ayuntamientos deben desviar parte de la recaudación de otras tasas, especialmente el IBI, para atenden un servicio que, entre otros motivos, viene lastrado o encarecido por una insuficiente complicidad de los consumidores en el reciclaje de residuos a través de la distribución de basuras en diferentes contenedores. En cualquier caso, la directiva de la Unión Europea es razonablemente clara y la legislación española no hace otra cosa que reproducirla, porque lo aprobado en el Parlamento Europeo no es un texto meramente indicativo, sino una norma que deben cumplir los Veintisiete sin excepciones. Lo que resulta bastante más complicado sostener son las diferencias abismales del importe de la tasa entre municipios. Tiene difícil explicación que un hogar de Valencia (287,56 euros) pague cinco veces más que uno de Toledo (56,87 euros), teniendo en cuenta incluso las diferencias de población, o que uno de Girona o de Tarragona pague cuatro veces más y el 65% más que uno de Barcelona. El primer punto de la directiva de la UE fija como objetivo mejorar y transformar «una gestión sostenible de las materias con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio ambiente», y persigue asimismo un reparto equitativo de la contribución de los ciudadanos para lograrlo, pero no parece que tales diferencias se atengan a ese propósito sino más a unas reticencias mayores o menores a repercutir costes al ciudadano.

De todo ello se desprende que debería ser objeto de mejora la progresividad de la tasa y aun algún mecanismo compensatorio que aligere la presión fiscal en el ámbito local. Por ejemplo, conteniendo la subida del IBI si se alcanza la cobertura total del coste de la recogida y tratamiento de las basuras. Por el contrario, la tasa no debería ser materia para la riña política conforme se acerquen las elecciones municipales, porque lo que es inexcusable es que los ayuntamientos deben cumplir su papel de activadores de uno de los resortes para contener la degradación del medio ambiente. Cada año se producen en España del orden de 23 millones se toneladas de residuos urbanos, de los que el 75% se queman o se entierran. Un problema que solo puede abordarse desde la responsabilidad y la aceptación de que aminorar su repercusión requiere la responsabilidad de los consumidores y el compromiso de las administraciones.