Los Mossos y el segundo calvario de los Andic

Aunque algunas personas no se lo crean, los periodistas si contamos cosas es porque alguien nos las cuenta. De nosotros dependen directamente dos responsabilidades: comprobar hasta donde podemos lo que nos explican y valorarlo adecuadamente en función del interés que tenga para los lectores. Desde el mismo día de la muerte de Isak Andic estamos sometidos a una pinza diabólica: nos llegan informaciones contradictorias de fuentes habitualmente solventes y cualquier cosa que explicamos de la que es una de las grandes empresas de Catalunya y de España forjada de la nada con una marca que llevan encima millones de personas genera mucho interés, es cierto que a medio camino entre la solidaridad humana y el morbo enfermizo.

El resultado de este cóctel es que recurrentemente la familia Andic, y especialmente su hijo Jonathan que acompañaba a Isak en el momento del accidente, viven un segundo calvario que surge de las informaciones que emanan desde el cuerpo de los Mossos d’Esquadra que han cerrado y reabierto la investigación en distintas ocasiones y en las que las filtraciones a la prensa parecen más orientadas a resolver viejas batallas internas que a proteger a los ciudadanos, en este caso una familia que ha visto morir trágicamente a uno de sus miembros. La juez del caso, a remolque de esas informaciones, explicó el viernes que no hay ninguna persona investigada por ningún delito concreto. Pese a ello, Jonathan sigue en muchos titulares y es objeto de permanente escrutinio. Quizás lo que le ocurre no es muy diferente a lo que sufren algunos políticos, pero en su caso no hay justificación que lo ampare, porque nunca ha buscado tener otro protagonismo que el de dirigir una empresa que fundó su familia. Es una práctica demasiado habitual que algunos grupos de la policía utilicen a la prensa para intimidar a las personas que investigan, pero la justicia y la Fiscalía o sus superiores jerárquicos, en última instancia el president de la Generalitat, deberían poner coto a estas prácticas contra ciudadanos inocentes.

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