Aborto y consenso

El debate sobre el aborto siempre le ha reportado al PP más perjuicios que beneficios, hasta el punto de que un intento de recortar la ley de plazos de 2010 le costó el puesto al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en 2014. El entonces presidente, Mariano Rajoy, retiró esa reforma, porque ni siquiera había consenso sobre ella en su propio partido y porque los sondeos indicaban, e indican, que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está aceptado por la mayoría de la sociedad española, incluidos muchos de los votantes conservadores. Por el contrario, los socialistas, autores de las normas que garantizan el libre acceso al aborto, siempre han hecho bandera de ese derecho de las mujeres, lo que, sin duda, les ha reportado réditos electorales. Es por eso que ahora, cuando la discusión sobre el aborto ha resurgido por la torpeza del PP de Madrid, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a enarbolar esa enseña, planteando una reforma que la blinde en la Constitución. Es una iniciativa que persigue al menos dos objetivos. Por una parte, y si eso fuera factible, impedir que un hipotético gobierno que precisara del apoyo de Vox pueda revertir ese derecho, y, por otra, aprovechar que los populares se están enredando en su propio ovillo, para reafirmarse en el feminismo y, sobre todo, para recuperar el apoyo de las mujeres, que se resintió notablemente tras conocerse el comportamiento de José Luis Ábalos, ex número tres del PSOE y exministro de Transportes.

Pese a que el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tratado de poner sensatez en la discusión asegurando que, si gobierna, garantizará que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo podrá hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, «conforme a las leyes», la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hace tan solo tres años defendía públicamente el derecho de las menores de 16 a 18 años a abortar sin el permiso paterno, ha entrado en el debate, posicionándose más cerca de Vox que de las posiciones de la dirección de su propio partido, con ese «¡Váyanse a otro lado a abortar!» que espetó en la Asamblea de Madrid la pasada semana. La propuesta del Gobierno podría ser considerada positivamente si fuera sincera y si fuera viable, pero no lo es. Y el Ejecutivo lo sabe. Porque sabe que modificar el artículo 43.4 de la Constitución para garantizar el derecho al aborto exige de una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados, que solo puede darse con la concurrencia del PP. Se trata, por lo tanto, de una iniciativa retórica y efectista, dirigida básicamente a poner en evidencia algunas contradicciones de la oposición ante el electorado femenino, en una especie de representación teatral incoherente. Estamos de nuevo ante una cuestión que requeriría, como tantas otras, del acuerdo de los grandes partidos, de los dos partidos que han garantizado y garantizan la estabilidad del sistema democrático. Pero en ningún caso se ha planteado desde la búsqueda de un gran pacto, como hizo el presidente Emmanuel Macron en Francia con una iniciativa similar. Se ha pensado desde la polarización. Y eso también supone un retroceso, porque garantizar el derecho al aborto también precisa de un amplio consenso.