Un programa sobre la inmigración

Después de haber anunciado la intención de trazar un nuevo discurso sobre la inmigración y de haber deslizado a lo largo del último mes algunas de sus ideas generales, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentó ayer en Barcelona el nuevo programa de su partido sobre política migratoria. Es obvio que el plan dibujado por su partido, y su exposición ante la opinión pública, responden tanto al imperativo de responder a una inquietud compartida por gran parte del electorado, de forma ideológicamente muy transversal, como a la necesidad de reaccionar al ascenso electoral que vaticinan las encuestas para un Vox cuyas propuestas van poco más allá de copiar los resortes movilizadores del trumpismo, con el miedo a la inmigración en un muy destacado primer lugar. En esencia, se trata de lo mismo: negar la realidad, no hablar de ella y renunciar a plantear propuestas concretas desde las formaciones políticas con vocación responsable de partido de gobierno deja a quienes prefieren agitar esos miedos que resolver problemas, cuando no promueven directamente un discurso de odio, como único interlocutor del ciudadano con inquietudes, o que vive conflictos subjetivos o declaradamente reales.

El plan presentado por el Partido Popular ayer tiene música y letra. La primera busca percibirse, y se percibe, como un giro hacia un «endurecimiento» de la política migratoria que busca situarse como una tercera vía entre el discurso hostil de Vox, abierta a la acogida, y una política del Gobierno de Sánchez percibida como permisiva tanto en el control de fronteras como en las exigencias requeridas para ver reconocida la integración en nuestro país. Pero es necesario bajar al detalle de las propuestas prácticas, algo imprescindible para quien no plantea solo un programa electoral sino un programa de gobierno.

El PP propone alternativas a las inviables, inconcebibles e insostenibles para nuestra economía expulsiones masivas de inmigrantes; también a la tolerancia de la supervivencia de los extranjeros no documentados por la vía de cerrar los ojos a la economía sumergida (motivo tanto de explotación como de desequilibrios injustos a la hora de acceder a recursos sociales frente al trabajador con rentas bajas pero transparentes) o a las periódicas regularizaciones generalizadas. Lo hace en forma de un sistema transitorio de acceso a la residencia legal que responda a la integración en el mercado laboral, y visados temporales para entrar en el país legalmente sin contrato, con un tiempo tasado para lograrlo. Son estrategias a considerar. En otras de las propuestas planteadas ayer es difícil encontrar, más allá del énfasis, las diferencias con posibilidades que ya prevé la actual legislación, como la expulsión de extranjeros multirreincidentes o condenados por delitos graves.

El concepto de integración en nuestro país planteado por el PP presenta más aristas. Expresar la nostalgia de un país que no se transforma con la llegada de nuevos españoles (y catalanes, en nuestro caso), como se desprende de una de las frases expresadas ayer -«no se pueden convertir barrios enteros en lugares irreconocibles»- va más allá de la exigencia de asumir deberes y derechos, de contribuir a cambio de recibir. Cuando se reclama como condición para acceder a la nacionalidad no solo los años de residencia legal sino compartir «una historia, unos valores y un destino» con los españoles, estos no pueden ser otros -y deben serlo- que los valores democráticos establecidos en nuestra Constitución, no un modelo de nación reticente ante la multiculturalidad que puede no ser compartido, también, por gran parte de los ciudadanos de este país.