El insuficiente e ineficaz plan de vivienda

El nuevo plan quinquenal presentado por el Ministerio de Vivienda vuelve a ser una decepción ante el grave problema de acceso a la vivienda que padecen los ciudadanos. Según el Banco de España faltan unas 700.000 viviendas para cubrir la demanda residencial, pero lograr ese objetivo parece una misión imposible en el país que acumula más de 1,1 millones de viviendas vacías en las siete provincias más pobladas, que ha permitido que los alojamientos turísticos tipo Airbnb se multipliquen en las zonas tensionadas hasta alcanzar las 370.000 unidades, y que construía 600.000 viviendas de media al año durante la burbuja inmobiliaria. Resulta difícil creer que ahora no sea posible resolver el déficit habitacional en el corto plazo. La conclusión es evidente: falta voluntad política, mientras los intereses que se benefician de mantener altos los precios de la vivienda vuelven a imponerse y a forrarse. Baste mencionar que la presidenta del Sepes trabaja con un horizonte de diez años para resolver el problema y que la Sareb tardará cuatro años en transferirle sus viviendas y uno para los suelos, plazos que rozan lo inaceptable dada la urgencia de la situación.

A estas decepciones se suma ahora un insuficiente plan de 7.000 millones en cinco años destinado a construir o comprar viviendas, rehabilitar inmuebles, industrializar la construcción, frenar el vaciamiento rural y subvencionar la compra o el alquiler a precios no siempre topados, lo que impulsará aún más su alza. Esta inversión, ya de por sí exigua y dispersa entre demasiados objetivos, palidece frente a los 15.000 millones que se gastarán en los programas especiales de defensa este año y el próximo, o los 32.000 millones anuales de gasto militar a los que se quiere llegar. No hay duda sobre cuál es la preferencia entre cañones y viviendas. Todo ello resulta aún más escandaloso en un contexto de abundancia de suelo y recursos públicos disponibles para invertir. Hay 83.000 millones en créditos blandos del programa Next Generation EU que no se van a gastar y que Economía contempla devolver. A esto se añade que la promoción de vivienda podrá seguir haciéndose a través de inmobiliarias privadas o de lucro limitado, lo que implica un sobrecoste innecesario y, en consecuencia, un despilfarro de recursos públicos equiparable al que practica el Partido Popular cuando privatiza los servicios sanitarios.

La novedosa protección permanente de las viviendas subvencionadas introducida por el plan, aunque bienintencionada, resulta ineficaz por su falta de sustento legal. Así, el plan puede incentivar determinados modelos de protección, promoción o gestión, pero no los puede imponer a las comunidades autónomas o ayuntamientos debido al reparto competencial. La vía más sólida para garantizar la protección permanente de las viviendas construidas, adquiridas o rehabilitadas con fondos públicos es desarrollar capacidades propias de promoción y gestión dentro de la Administración, y avanzar hacia un modelo de copropiedad entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas sobre el parque público de vivienda, de modo que su enajenación requiriera la unanimidad de todos los copropietarios.

Parafraseando a Warren Buffett, quien afirmó que “hay lucha de clases y la está ganando mi clase, los ricos”, en la vivienda los que están ganando son los especuladores. Mientras tanto, los responsables del ramo de la Administración central, comunidades autónomas y ayuntamientos hace tiempo que -salvo honrosas excepciones-, desertaron de su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, permitiendo que se convierta en un activo para la especulación como el oro o el bitcoin. Y así las personas que hacen funcionar nuestras ciudades, pero que ya no se pueden permitir vivir en ellas, asisten atónitos al espectáculo de especuladores jugando con sus vidas como en un casino.