¿En la escuela hasta los 18?

Hace diez años, el Consejo Escolar del Estado, un órgano consultivo y asesor, defendió que se elevase el límite de la educación obligatoria de los 16 a los 18 años. En su informe de 2024 ha vuelto a poner sobre la mesa un asunto ciertamente delicado, porque conlleva múltiples variantes (desde las económicas a la propia reestructuración global de la enseñanza), pero que sostiene que es una respuesta necesaria a los elevados datos de abandono escolar. En 2011, el Parlamento Europeo ya sugería una innovación que ha dado resultados positivos, por ejemplo, en Portugal. No, en cambio, en países donde no ha ido acompañado de los recursos, adaptaciones y contexto socioeconómico necesarios, como México. Mientras que tanto España como el país vecino presentaban en 2010 unas cifras preocupantes de abandono, en torno al 28%, lo cierto es que la iniciativa de Portugal ha logrado rebajar el porcentaje hasta el 6,6%, al tiempo que en España se cifra en torno al 13%.

La aprobación de la Logse hace 35 años introdujo la enseñanza obligatoria gratuita hasta los 16, uno de los avances sociales más remarcables del momento. Desde entonces, este país ha vivido una sucesión de leyes educativas, al vaivén de los cambios políticos, pero en ningún caso se ha abordado la cuestión de alargar el periodo en el que los jóvenes permanecen en las aulas: el problema aún pendiente de solucionar ha sido más bien cómo retener y ofrecer salidas adecuadas a los escolares que desconectan de la escuela entre los 13 y 16 años.

Entre los defensores de la medida se recuerda que aumentaría la igualdad de oportunidades y la empleabilidad futura de los alumnos. Pero en el otro lado de la balanza hay que valorar otros muchos aspectos. Para empezar, el coste económico. Los cálculos indican un coste de unos 1.500 millones anuales, un incremento del 2,2% del gasto público educativo, y sus defensores argumentan que vendrían compensados por los beneficios derivados de la capacitación profesional de los más jóvenes (que podría hacerse realidad) y que se trata de una partida fácilmente asumible (algo mucho más debatible, vista la evolución de las exigencias de gasto en los próximos años). Por otra parte, ¿hasta qué punto es posible obligar a mantenerse escolarizado a partir de los 16 años sin modificar el inicio de la edad laboral, que coincide con el de la responsabilidad penal del menor, y que incluso se está planteando que marque el inicio del derecho al voto?

No hay ninguna duda de que el objetivo debería ser que toda la población completase la secundaria obligatoria (ESO) y añadiera a ella, independientemente de sus recursos familiares, a una formación profesionalizadora, sea la FP de grado medio o superior, universitaria o fórmulas que permitan reengancharle a ella tras un abandono escolar. Hasta los 18 años, y más allá. Pero se pueden dar pasos en este sentido sin aumentar la edad de escolarización obligatoria. Y al contrario, incrementarla por la vía legal pero sin ofrecer alternativas adaptadas a los adolescentes (no solo a partir de los 16, sino antes) que actualmente abandonan prematuramente, tampoco serviría de nada. Hay mucho trabajo que hacer sin esperar a una reforma estructural de las etapas obligatorias, ofreciendo trayectoras flexibles para los más desmotivados y más fórmulas de formación profesional dual, que sean compatibles con la introducción paralela en el mercado laboral.