La educación hasta los 18 años: el paso natural de una sociedad que quiere avanzar

Durante décadas, las sociedades más avanzadas han ido alargando la edad de la educación obligatoria. El Consejo Escolar del Estado hace años que intenta abrir este debate en España, mientras que países como Francia, Portugal, el Reino Unido, Alemania o Bélgica ya hace tiempo que garantizan la educación para todo el mundo hasta los 18 años. Lo hacen porque han entendido que, en pleno siglo XXI, ampliar el acceso a la formación es esencial para asegurar que la juventud disponga de oportunidades laborales y vitales reales.

Cuando España extendió la formación obligatoria de los 14 a los 16 años, a comienzos de los noventa, hubo voces que lo cuestionaban. Pero aquel cambio supuso un salto histórico en equidad y desarrollo social: hizo posible que una generación entera tuviera acceso a un nivel educativo que antes estaba reservado a unos pocos. Ahora nos encontramos ante un reto similar.

Hoy, tener un título como el de ESO ya no garantiza, por sí solo, ni trabajo ni una vida digna. Aun así, España continúa teniendo una de las tasas de abandono escolar prematuro más altas de Europa: un 13% de jóvenes tienen como máximo la ESO, ante el 9% europeo, con un paro del 28%. El riesgo de abandono, en cambio, no es igual para todo el mundo: el alumnado de los hogares con menos renta deja los estudios seis veces más que el de las familias con más recursos. Es una fractura silenciosa que limita oportunidades, cronifica desigualdades y condena el país a la infracualificación. Si no abordamos este reto, seguiremos en la cola europea en nivel educativo y en oportunidades para la juventud.

Hay que hacerlo bien. Alargar la educación hasta los 18 años no puede significar retener a chicos y chicas desmotivados en las aulas, sino ofrecerles trayectorias con valor y sentido. Itinerarios flexibles y permeables que combinen estudios y práctica laboral, una formación profesional atractiva, módulos cortos y acumulables o formaciones orientadas a sectores emergentes. En definitiva, un sistema modular y abierto que permita avanzar por caminos diversos sin quedar fuera.

Es evidente que la medida pide recursos, planificación y consenso político y social. Habrá que invertir —cómo ya hacen otros países—, reforzar la orientación y el profesorado, así como implicar al mundo local y empresarial. Pero es una inversión con un retorno altísimo: más cualificación, menos paro, menos desigualdades y más bienestar. Los estudios internacionales lo confirman: un año adicional de escolarización puede aumentar hasta un 15% los ingresos futuros y reducir el riesgo de paro y de exclusión social.

Universalizar la educación hasta los 18 años es la consecuencia lógica de una sociedad que quiere avanzar y no dejar a nadie atrás. El impulso a la formación profesional apunta en esta dirección. Ya dimos el paso de los 14 a los 16; ahora nos toca hacer el siguiente. Porque el éxito de un país se tendría que medir por su capacidad de garantizar oportunidades reales a todo su alumnado, y no permitir que solo puedan llegar lejos aquellos que han tenido la suerte de nacer en una familia o un entorno que se lo puede permitir.

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