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Opinión | CORTO Y AL PIE
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La ampliación de El Prat, última moneda de cambio

Turistas en la terminal 1 del aeropuerto de El Prat, en junio.

Turistas en la terminal 1 del aeropuerto de El Prat, en junio. / Zowy Voeten

El aeropuerto de El Prat se convirtió ayer en una baza más de la negociación política entre el Gobierno y Podemos. Los morados permitieron que la ley de movilidad sostenible, promovida por los socialistas, saliera adelante in extremis. Lo hicieron a cambio de que el Ejecutivo aceptara endurecer las garantías medioambientales de la ampliación del aeródromo barcelonés. Todo ello anunciado a golpe de propaganda y de confusión. Da risa que la líder de Podemos, Ione Belarra, se vanagloriara de haber paralizado la ampliación de El Prat hasta 2031, cuando no estaba previsto acometerla antes de esa fecha. Tanto el Gobierno como Aena ya lo habían explicado así el pasado septiembre, al presentar el plan de inversiones en los aeropuertos españoles. El grueso de la ampliación de El Prat se incluyó en el periodo 2032-2036, dentro del Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) IV.

Del mismo modo, sorprende que el ministro de Transporte, Óscar Puente, dijera después que los plazos de la ampliación de El Prat no van a variar, cuando será difícil que algunos de los puntos incluidos en el acuerdo no retrasen las obras. El más claro es el que obliga a introducir un informe vinculante para que el proyecto se ajuste a las emisiones de gases invernadero y a los objetivos europeos de descarbonización. Sin menospreciar tampoco el impacto que tendrá someterlo todo a un proceso de información pública y consulta "especialmente intenso".

En cualquier caso, el acuerdo plantea varios interrogantes.¿Que la exigencia medioambiental vaya a ser mayor quiere decir que hasta ahora la protección del delta recogida en el proyecto anunciado en junio por Salvador Illa era insuficiente? ¿Este endurecimiento adicional puede haber tenido algo que ver con el último informe de la Comisión Europea, que advirtió por escrito que la ampliación debía garantizar el espacio natural protegido? ¿O acaso el pacto cerrado ayer solo es pura palabrería?

Más allá de estas dudas, un proyecto tan relevante como la ampliación de El Prat y la protección de su entorno no debería estar al albur de la última negociación política

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