ZBE, entre la necesidad y la trampa

La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) avanza con más titubeos de los que la emergencia climática requiere. La Fiscalía General del Estado ha solicitado a la Generalitat de Catalunya documentación sobre el cumplimiento de la norma en los municipios de más de 50.000 habitantes. Son demasiados los ayuntamientos que, atrapados entre la obligación ambiental y el rechazo ciudadano a una medida poco popular, optan por aplicar excepciones o estrategias dilatorias que desvirtúan la medida.

La preocupación de tantos municipios sobre el impacto de la ZBE en su ciudadanía es legítima, especialmente cuando se aborda el coste que puede suponer para los vecinos de rentas más bajas. Para muchos, el uso del coche privado es un recurso de subsistencia y vetarlo sin ofrecer una potente red de transporte público solo genera más desigualdad. También huelga apuntar que nadie mantiene un vehículo viejo por puro capricho. La transición ecológica debe ir acompañada de justicia social. Pero una cosa es analizar, repensar y ajustar aquellas medidas que se consideren perjudiciales y puedan ser matizadas. Otra cosa muy distinta es trampear.

Sanciones aplazadas

Castelldefels ha aplazado las sanciones a los residentes hasta 2030. Badalona plantea una ZBE sin etiquetas ambientales y no son pocos los municipios que acumulan retrasos injustificados en sus ordenanzas. Son actuaciones que no buscan un debate profundo ni compartido, más bien responden a la tentativa de desactivar la normativa para evitar el desgaste político. Al fin, un conjunto de prácticas que desincentivan a aquellos que han hecho un esfuerzo para adaptarse y que desprestigian las ZBE, convirtiéndolas en meros escenarios vacíos de contenido y eficacia. Flaco favor a una medida clave para la lucha contra la emergencia climática.

La experiencia de Barcelona es ilustrativa. Tras unas anulaciones judiciales, el Ayuntamiento se blindó jurídicamente apoyándose en la regulación estatal y no municipal. Tras una resolución del TSJC, consiguió el blindaje de las sanciones. El caso es importante, porque señala el único camino correcto: la seguridad jurídica y la aplicación de las multas con transparencia y proporcionalidad.

La justicia europea ya condenó a España por la contaminación en Madrid y en el área metropolitana barcelonesa, el incumplimiento de los límites de seguridad frente al dióxido de nitrógeno había sido sistemático. La UE ya ha advertido a España que debe cumplir sus compromisos de calidad del aire. La exigencia no es un capricho. La contaminación mata. Agrava enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y puede estar relacionada con dolencias neurodegenerativas. Ignorar la evidencia científica o acallarla para apaciguar conflictos con cálculos políticos es irresponsable.

El 1 de enero de 2026 es la fecha clave. El decreto catalán sobre calidad del aire avanzado por este diario exige a las administraciones locales tener sus ordenanzas aprobadas para entonces. Ahora sería el momento de debatir o actuar en caso de que algo deba considerarse o ajustarse, pero en ningún caso debe llegarse a esa cita con trucos y excusas. La transición ecológica es, sin duda, un desafío que debe encararse con transparencia y determinación. Es un reto de salud pública y justicia ambiental. Está en juego algo más que una normativa: la credibilidad de las instituciones y un aire más limpio para nuestras ciudades.