La prisión de Santos Cerdán: ¿un cortafuegos?

Llevo años escribiendo sobre prisiones provisionales decretadas en asuntos de gran trascendencia, como cuando se decretó la prisión provisional del general Rodríguez Galindo por la guerra sucia antiterrorista, y siempre he defendido que las prisiones provisionales, en un Estado social y democrático de derecho como el que prefigura nuestra Constitución, basado en la presunción de inocencia, solo debe imponerse cuando resulte absolutamente imprescindible para una investigación.

El auto que dictó el pasado domingo 30 de junio el instructor de la sala segunda del Tribunal Supremo resulta una resolución formalmente impecable, porque centra su fundamentación en el poco tiempo que lleva investigado Santos Cerdán frente a sus “compañeros del Peugeot”, el dato nada desdeñable de que era él quien actuaba como 'cobrador', e incluso, con algún indicio que le apunta especialmente, como la ingente cantidad de dinero que, según las investigaciones de la UCO, podía entenderse reservada a comisiones para esta banda, y que de las conversaciones grabadas por Koldo, no acaba de quedar claro su destinatario. ¡Ojo!, una cifra de unos cinco millones de euros, y la necesidad de que Cerdán no impida que se localice ese dinero, vaya usted a saber dónde.

Sin embargo, por más esfuerzos que don Leopoldo Puente hace en su correctísima argumentación, yo no acabo de entender que se le adjudique un papel tan preponderante a Santos, cuando Ábalos fue uno de los ministros con más poder de los primeros gobiernos de Sánchez, fue ministro de Transportes, por lo tanto quien más podía influir en la adjudicación de determinados contratos, y contra él, pese a haberle pedido prisión provisional las acusaciones populares, es decir PP, Vox y Manos Limpias, entre otras, el mismo magistrado consideró innecesaria la medida, acordando la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica, medidas que en modo alguno suponen una limitación para que puedan destruir pruebas, como vimos el otro día con el USB de la amiga de Ábalos.

Hay otro dato que, para los que creemos en el derecho de defensa como uno de los pilares del Estado de derecho, resulta preocupante en este auto y que no acabo de ver compatible con la posición de nuestro Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional. Me estoy refiriendo a la censura explícita que se le hace a Cerdán por no haber querido contestar a las preguntas del magistrado, ni de las acusaciones. No me parece de recibo que esta prisión se argumente en su fundamentación jurídica con un reproche, por el hecho de haber rehusado responder a las preguntas del instructor, del Ministerio Fiscal y de las partes, con la sola excepción de las formuladas por su letrado. Pero, ¡vamos a ver!, ¿no es un derecho fundamental tutelado en la Constitución, el de no declarar contra sí mismo?

En definitiva, ni comprendo la diferencia de trato entre los investigados, ni tampoco acabo de encontrar explicación plausible al dato más relevante de esta prisión, que evidentemente refleja el auto, consistente en que el fiscal, es decir, el Fiscal General del Estado, haya pedido la prisión de Santos Cerdán, cuando pidió medidas mucho menos gravosas para el resto. Por más esfuerzos que hago, no le hallo otra explicación que tratar de hacer, en las carnes de Santos, un cortafuegos que, de una parte, pueda operar como una muestra de firmeza del presidente del Gobierno, que es quien nombra y cesa al Fiscal General del Estado, y de otro, quizás, pueda acabar de una vez con este trágico divorcio entre jueces y fiscales que estamos viviendo.

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