Cerdán y lo peor de cada casa

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Santos Cerdán, el hasta hace poco secretario de organización del PSOE, a diferencia de lo sucedido con José Luís Ábalos y Koldo García, los otros implicados en la presunta trama corrupta. El juez justifica su decisión por el riesgo fundado de destrucción de pruebas, al considerar que Cerdán puede ocultar, alterar o eliminar pruebas dado que no se ha completado la investigación sobre su situación patrimonial ni se ha registrado su domicilio; por la gravedad de los indicios que señalan a Cerdán como el cabecilla de una red dedicada al cobro de comisiones ilegales, a cambio de la adjudicación de obra pública; y por la existencia de evidencias específicas como las grabaciones incautadas por la UCO, que el juez estima explícitas y no manipuladas, y por sus vínculos con Servinabar, empresa adjudicataria de contratos públicos en Navarra. Por todo ello, el juez atribuye a Cerdán los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.

Cerdán, sin embargo, que intentó que su declaración fuese pública, algo que el juez no consintió, niega todas las acusaciones y en coherencia con ese intento, afirma ser víctima de una persecución política. Una condición, sostiene, que sería consecuencia de su papel central en la formación del gobierno, en particular en las negociaciones con los partidos independentistas. Y, curiosamente, esta es una línea argumental que recuerda mucho a la sostenida por el independentismo durante el 'procés' y que ha sido utilizada de manera recurrente por su nuevo abogado, Benet Salellas, exdiputado de la CUP y defensor, entre otros independentistas, de Jordi Cuixart. Algo que no debería sorprender demasiado, ya que no es la primera vez que Cerdán asume una línea argumental propia del independentismo. De hecho, ya lo hizo en el acuerdo PSOE-Junts, que permitió la investidura de Pedro Sánchez y del cual fue uno de los principales artífices, un acuerdo en el que, entre otras cosas, se asumía la existencia de situaciones comprendidas en el concepto de ‘lawfare’.

Pero es que el juez, además, apunta la posibilidad de que otras personas, además de Ábalos, Koldo o el propio Cerdán, pudieran haberse lucrado de las comisiones derivadas de las adjudicaciones, no solo físicas sino también jurídicas, lo que da pie a pensar que esa persona jurídica pudiera ser el PSOE. Y esto es algo que, habiendo accedido el PSOE al gobierno gracias a una moción de censura promovida como consecuencia de una sentencia por corrupción que ddeclaraba al PP partícipe a título lucrativo, resultaría muy poco digerible. Por tanto, se podría dar la circunstancia de que Cerdán, comprando la idea de ‘lawfare’ y declarándose víctima de él, asuma la teoría del independentismo nada menos que para defenderse de una praxis corrupta y convertir a su partido en partícipe a título lucrativo de la corrupción, motivo por el que fue censurado el PP. Y eso sería una síntesis lamentable.  

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