Consenso en los cambios institucionales

Los jueces y fiscales se movilizaron este sábado en Madrid a las puertas del Tribunal Supremo y esta próxima semana van a ir a la huelga convocados por las asociaciones mayoritarias -Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- que representan a jueces y fiscales de distintas sensibilidades ideológicas aunque predomina una orientación conservadora o moderada. Protestan por la reforma judicial impulsada por el Gobierno que, entre otras medidas, implicará cambios en el acceso a la carrera judicial y en el papel de los fiscales.

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La iniciativa gubernamental contempla regularizar a jueces y fiscales sustitutos y titulares sin necesidad de oposición y facilitar el acceso a las carreras judicial y fiscal a través del cuarto turno, algo que esas asociaciones interpretan como un menoscabo a los principios de mérito, capacidad e igualdad, como un posible coladero que podría beneficiar a personas sin experiencia y como un riesgo de politización del proceso de selección que sería susceptible de erosionar la independencia judicial. La Asociación de Juezas y Jueces por la Democracia, de tendencia progresista no se ha sumado a la protesta porque considera que la reforma promueve la igualdad de oportunidades y la profesionalización pero critican el proceso de estabilización.

Asimismo el Gobierno pretende reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal otorgando a los fiscales la dirección de las investigaciones penales, función que actualmente ejercen los jueces de instrucción al tiempo que reducir la autonomía interna de los fiscales, medidas que son interpretadas como un mecanismo para incrementar el poder del fiscal general del Estado, dependiente del Gobierno, circunstancia que podría convertir al Ministerio Fiscal en un apéndice del gobierno y comprometer la separación de poderes a la vez que limitaría la autonomía de los fiscales y su capacidad para oponerse a las órdenes de sus superiores.

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Todas estas críticas son compartidas por el PP y Vox, que también de oponen a la reforma. Y eso que muchas de las modificaciones que introduce el proyecto del gobierno pretenden resolver problemáticas que son reconocidas unánimemente tanto por parte de las asociaciones judiciales como por parte de los partidos políticos. Y precisamente por ello lo que sería conveniente para el sistema político es que esta reforma necesaria se llevase a cabo de manera consensual y no aplicando una muy limitada mayoría parlamentaria y con la oposición de las asociaciones mayoritarias. El contexto de polarización existente impide el consenso, algo que tratándose de una reforma institucional, resulta imprescindible para su legitimidad y su permanencia. De lo contrario se corre el riesgo de que cuando cambie la mayoría política promueva una nueva reforma dando lugar a una nociva espiral de inestabilidad en el diseño institucional.