Proteger al servidor público

Las agresiones a los trabajadores de servicios públicos universales, que trabajan en primera línea con todo tipo de colectivos sin discriminación, han aumentado de forma sostenida en los últimos años. En el conjunto de España, según la Organización Médica Colegial, las agresiones a personal médico aumentaron un 84,8% de 2010 a 2024. En Catalunya fueron 2.717 las agresiones en 2024, siete diarias, y el 10,5% de ellas físicas; el resto verbales, con distintos grados de desconsideración, agresión verbal o amenaza no menos graves ni penosas para quienes trabajan al servicio del público. Pero otros colectivos profesionales, como los docentes, también señalan un aumento similar de la crispación y la agresividad, que a veces va a mayores, en la relación con las familias, y los mismos alumnos. Las causas pueden ser variadas, desde el incremento de la incidencia de enfermedades mentales, la presión para obtener prescripciones a las que lleva la dependencia de fármacos como analgésicos o ansiolíticos o incluso, en un sentido más amplio, la erosión del concepto de autoridad (no solo disciplinaria; cada vez más adultos se creen suficientemente informados a través de las vías más variadas y exóticas para cuestionar los criterios pedagógicos o médicos de los profesionales y exigir que los suyos sean asumidos por docentes o personal sanitario).

El problema viene de lejos. En 2015 se le intentó dar respuesta a través del Código Penal, que reconoció a los profesionales de la sanidad y la educación como autoridad pública, lo que agravaba las agresiones que pudieran recibir por parte de los ciudadanos. Como suele suceder cuando se intenta corregir la realidad a través del Código Penal, los resultados quedan muy lejos de las expectativas de sus promotores. Una ínfima parte de las agresiones se denuncian, las que lo son acaban en la vía lenta del procedimiento judicial y su resultado suele ser una petición de excusas por parte del responsable. 

Más efectiva, reconoce ahora el Departament de Salut de la Generalitat, ha sido la vía administrativa que ensayaron varias comunidades autónomas como Galicia, Navarra, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Es necesaria una reforma legislativa para poder multar de forma ágil a los responsable de actos de violencia leve, grave o muy grave. La experiencia señala que las sanciones (entre 300 y 30.000 euros para las leves, hasta de 600.000 euros para las más graves) allí donde se han aplicado sí han actuado como freno. 

De momento, Catalunya se ha había movido en la fase del diagnóstico, tras la creación del Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya en 2022. Conocer las dimensiones del problema es el primer paso, y refinar ese conocimiento es lo que ahora se pretende hacer desde Salut, detectando los perfiles de usuarios más agresivos, los profesionales que se encuentran en situación de mayor riesgo, los CAP u hospitales con problemáticas más acentuadas. Pero han de seguir otros, desde mejorar los protocolos de protección y respuesta a crisis que no dejen a los afectados indefensos hasta la reforma legislativa necesaria para abrir estas nuevas vías de procedimiento sancionador. Una tramitación que (como de hecho, con otras tantas cuestiones de interés general) no debería quedar entrampada por motivos de vuelo corto cuando llegue al Parlament.