Una alianza por la vivienda

El derecho a la vivienda es hoy una de las grandes fronteras morales y políticas de nuestro tiempo. Frente a quienes sostienen que el mercado debe dictar las reglas de la ciudad, desde el municipalismo progresista defendemos que ningún modelo urbano es justo si no garantiza que todas las personas puedan vivir con dignidad en el lugar que habitan, trabajan y sueñan. Hoy, más que nunca, hace falta una alianza entre ciudades valientes que se atrevan a confrontar la lógica de la especulación y a priorizar a sus vecinos por encima de cualquier interés inmobiliario.

En Barcelona, hemos entendido que si el mercado no proporciona vivienda asequible, el deber de los poderes públicos es intervenir y cambiar las reglas del juego en favor del derecho a la vivienda. Por eso somos la primera ciudad del mundo que ha decidido eliminar los alquileres turísticos, con el objetivo de recuperar 10.000 pisos turísticos para uso residencial. Por eso somos la principal ciudad de España que está aplicando el tope legal al precio de los alquileres que contempla la ley de Vivienda, consiguiendo que en el último año el precio de los nuevos contratos se reduzca en un 6,4%, tras una década con subidas acumuladas de casi el 70%. Por eso también, desde Barcelona estamos liderando una alianza de 16 grandes ciudades europeas (París, Roma, Amsterdam, Varsovia, Atenas, Milán, Lisboa o Budapest, entre otras) para reclamar a las instituciones comunitarias un plan europeo que garantice fondos a los municipios para promover más vivienda asequible. Porque el derecho a la vivienda es un reto de magnitud europea.

En las ciudades gobernadas por la derecha, sin embargo, se acumulan décadas de políticas que van en la dirección opuesta. El drama habitacional es una herida abierta que crece con cada año que pasa. Mientras los precios del alquiler en Málaga han subido un 22% en el último año, según datos de portales inmobiliarios – no oficiales - y ya superan a los de Madrid, el parque público apenas alcanza las 2.500 viviendas. En 2024 no se entregó ni una VPO. Y ahora se proponen 'minipisos' de 35 metros cuadrados.

No se puede construir una ciudad justa si se normaliza que la juventud tenga que vivir en espacios donde no cabe una vida. El tamaño de una vivienda también mide el tamaño del compromiso público con la dignidad de las personas.

En Barcelona estamos promoviendo más de 5.000 viviendas públicas —con terrazas, espacios comunes, servicios de calidad—, y hemos invertido en un solo año más de 111 millones de euros en alquiler social. Porque cada euro invertido, cada metro cuadrado recuperado, es una declaración de principios: que Barcelona no está en venta. Además, estamos aplicando el tanteo para comprar edificios antes de que los compren los fondos. Lo hacemos para seguir ampliando el parque de vivienda protegida, que ya es el mayor de toda España. Y ante todo lo hacemos con un objetivo claro: que la clase media no desaparezca, que las familias no sean expulsadas de sus barrios, que los jóvenes no tengan que marcharse para poder empezar su vida. Lo hacemos para reivindicar el derecho de los vecinos y vecinas a quedarse y poder vivir en su ciudad.

Esa es la misma visión que impulsa al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha hecho de la vivienda uno de los pilares de su agenda social: con una ley estatal pionera para limitar los alquileres en zonas tensionadas, con fondos europeos movilizados para rehabilitación y construcción de vivienda pública, y con una propuesta de gran pacto territorial para que todas las administraciones —municipales y autonómicas— remen en la misma dirección. Pero la respuesta de las derechas ha sido el portazo. Portazo a regular los precios, portazo a recuperar vivienda vacía, portazo a frenar la turistificación. Y cuando no se actúa, el mercado avanza. Y cuando el mercado avanza sin control, los que retroceden son los vecinos.

Pero frente a ese portazo, nuestra respuesta es abrir puertas. Desde Barcelona y Málaga queremos levantar una voz común que diga: sí, se puede. Sí, se puede construir vivienda pública de calidad en todos los barrios. Sí, se puede frenar la especulación. Sí, se puede intervenir el mercado cuando expulsa a quienes no pueden pagar un alquiler de 1.200 euros al mes. Sí, se puede poner la ciudad al servicio de la mayoría. No es fácil, pero es posible. Y más aún, es imprescindible. Porque cuando hablamos de vivienda no hablamos solo de metros cuadrados. Hablamos de vidas y de personas. De un niño que no puede dormir en paz porque su familia tiene miedo al desahucio. De una joven que encadena habitaciones y contratos temporales mientras ahorra para un futuro que nunca llega. De una pareja mayor que ve cómo su barrio se transforma en un poblado de apartamentos turísticos que empuja a sus vecinos de toda la vida a marchar. Hablamos de pertenencia. De dignidad. De arraigo.

Y por eso creemos que gestionar la política de vivienda no es solo una cuestión técnica: es un compromiso político y moral. Hoy más que nunca necesitamos una alianza por la vivienda. Una alianza que defienda que las ciudades deben ser para quienes las viven, no para quienes las mercantilizan. Una alianza que convierta los ayuntamientos en garantes del derecho a un hogar, y no en promotores pasivos del beneficio privado. Una alianza que no se rinda ante los poderes económicos, sino que se mantenga firme en su deber de proteger a la ciudadanía.

Esa es la alianza por la vivienda que representamos los socialistas. Una alianza que no se conforma con lo posible, sino que lucha por lo justo.