¡A por las privaaaadassss!

Espero no decepcionarles si les desvelo que el artículo no va de la guerra de Trump contra Harvard y las universidades privadas de Estados Unidos (las públicas no han protestado) sino con la cruzada contra los 'chiringitos educativos' privados en España. A raíz de la publicación de varios informes recientes vale la pena hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, no se entiende muy bien por qué se habla de universidades privadas y se mezclan entidades sin ánimo de lucro y empresas que persiguen el beneficio con actividades de educación universitaria. En España, como en otros sitios, hay excelentes universidades privadas sin ánimo de lucro. Igual como la universidad de Harvard, o Princeton en Estados Unidos y a diferencia de la ya desaparecida Trump University (que era “for profit”). Esta falta de precisión es como si denomináramos entidad privada a Cáritas.

En segundo lugar, parece que las malas universidades en España son privadas. Sin embargo, el U-ranking de 2025 de universidades españolas del IVIE-FBBVA indica que en el rendimiento por docencia de las 8 universidades líderes 6 son privadas. En el ranking de rendimiento en inserción laboral de las 25 universidades más desatacadas, el 68% son privadas. Las universidades públicas destacan solo en el ámbito de la investigación. Y en la cola del ránking hay muchas universidades privadas, pero también algunas públicas. Entonces, ¿por qué se habla de chiringitos privados? ¿No deberían ponerse en cuestión también las públicas que no están a la altura? Por cierto, el mismo estudio señala que las universidades privadas ya superan de media a las públicas en rendimiento de la docencia (105 versus 99) y en inserción laboral (110 versus 98) aunque aún están muy por debajo en investigación (59 versus 107).

En tercer lugar, no se puede olvidar que algo más del 70% de los graduados (en algunas carreras superan el 85%) decidieron ir a la universidad para mejorar su empleabilidad. Los datos de la Seguridad Social muestran sistemáticamente que los graduados de universidades privadas, a los cuatro años de acabar, tienen una proporción superior de afiliación, una base de cotización un 12% superior y una proporción de sobrecualificación inferior en 12 puntos porcentuales a los graduados de la pública. Evidentemente, la comparación anterior tiene bastantes problemas. Si las privadas se centran solo en grados que tienen más salidas profesionales entonces la mejor inserción laboral de sus graduados sería consecuencia del grado elegido y no de la titularidad de la universidad. Lo mismo sucede al no considerar el origen social o la forma en la que obtuvieron empleo, pues es previsible que los graduados de universidades privadas provengan de familias de mayor nivel socioeconómico que los de la pública y tengan una red de contactos más amplia para favorecer la empleabilidad de sus hijos. Por esto, junto con José Montalbán, profesor de la Universidad de Estocolmo, nos planteamos ver si controlando por el grado, el nivel socioeconómico de la familia, la forma de encontrar empleo, etc., se podía eliminar la prima por asistir a una universidad privada. Utilizando los últimos datos de inserción laboral de los universitarios del INE se concluye que, aun siendo cierto que el grado es el factor más determinante de la inserción laboral, y que el nivel socioeconómico también influye, la prima por graduación de una universidad privada se mantiene cuando se controla por todos estos otros factores, tanto en términos de mayor probabilidad de tener un empleo, mayor salario y menor grado de sobrecualificación.

Por tanto, el aumento continuado de la proporción de alumnos haciendo un grado (hasta alcanzar el 20%) o un posgrado (superior al 50% del total) en universidades privadas plantea una cuestión: si las privadas cuestan mucho más que las públicas y no ofrecen ninguna ventaja especial, ¿por qué los alumnos las eligen de forma creciente? Una argumentación clásica ha sido que los estudiantes van a las privadas cuando no tienen nota para acceder a las públicas. Sin embargo, la mejora constante de las universidades privadas en ránkings y empleabilidad de sus graduados son factores que cada vez pesan más. Un reportaje reciente de EL PERIÓDICO añadía otro elemento: la sensación de que las universidades públicas están muy politizadas. Por ejemplo, no parece muy lógico ir a estudiar administración de empresas a una universidad donde el claustro reniega de las empresas y muchos profesores describen a los empresarios como demonios que huelen a azufre.

Pero, sin duda, existen otros dos factores que influyen en el crecimiento de las universidades privadas. En primer lugar, la debilidad de las universidades públicas por la falta de una financiación suficiente y en función de sus resultados. Y, más importante todavía, una regulación decimonómica y perversa, una gobernanza totalmente inadecuada, una endogamia asfixiante y una absoluta falta de incentivos para la mejora.

Es evidente que nadie puede oponerse a que las universidades, tanto públicas como privadas, estén sujetas a unos mínimos criterios de calidad. Pero tener al menos 4.500 alumnos no parece un criterio de calidad sino una barrera de entrada para eliminar competencia potencial y no tener que mejorar la financiación ni hacer frente a los cambios institucionales necesarios para tener unas universidades públicas competitivas. En Estados Unidos. la administración Obama, dispuesta a acabar con los 'chiringitos' universitarios que cargaban de deuda a los graduados universitarios sin proporcionarles una educación de calidad, decidió proporcionar toda la información posible a los estudiantes para que tomaran una decisión informada. Con ese objetivo construyó el College Scoreboard del Departamento de Educación, donde se compara para todas las universidades de Estados Unidos el coste de un curso con el salario al finalizar los estudios, la tasa de graduación, etc. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, decía hace unos días en 'La Voz de Asturias' que “las privadas tienen que competir con nosotros y no se lo pondremos fácil”. Esa es la actitud. Sin embargo, la solución de la administración española es, como siempre, el BOE. En lugar de favorecer que las universidades públicas puedan hacer frente a la creciente competencia de universidades privadas, la respuesta es impedir más competencia y mantener a las universidades públicas con respiración asistida. En lugar de reducir burocracia, flexibilizar la normativa y dar más autonomía para que cada universidad pública adopte su estrategia y luego rinda cuentas, la solución es el castizo “ni come ni deja comer”.

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