Opinión | Ampliación del aeropuerto
Joan Tardà

Joan Tardà

Exdiputado de ERC.

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El Prat: ni gobernanza catalana ni sostenibilidad

Es de lamentar que se pretenda imponer un relato que asocia impúdicamente ampliación a progreso

La propuesta de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat reduce en 87 metros la afectación de La Ricarda

Las propuestas para ampliar El Prat que se quedan en el cajón

Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en la terminal T-2, a 4 de noviembre de 2024, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España)..

Aeropuerto de Barcelona-El Prat, en la terminal T-2, a 4 de noviembre de 2024, en El Prat de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España).. / Kike Rincón - Europa Press

Salvador Illa ha presentado la propuesta para la ampliación del aeropuerto. Contemplará para el Govern un papel estrictamente consultivo en cuanto a su gobernanza. Es decir, una posición no vinculante. Tan bueno es que el president no esconda la irrelevancia de la Generalitat como duro es para la sociedad catalana comprobar el enorme paso atrás que, en esta cuestión, se ha hecho como país. Efectivamente, conviene recordar que en 2007 se reunieron en el IESE un millar de empresarios y 150 entidades catalanas en demanda del traspaso de la gestión del Prat. Una reclamación que se deshinchó pronto, a raíz de la voluntad de Rodríguez Zapatero de continuar supeditando a Barajas todas las decisiones relacionadas con las tasas, las inversiones y los llamados 'slots', a fin de mantener un modelo caracterizado por el intervencionismo, el centralismo, la burocracia y el déficit económico.

Justo es decir que contribuyó de manera determinante el pacto Mas-Zapatero, establecido en la Moncloa para aprobar un Estatut recortado. Si el Gobierno español ya tenía garantizado el apoyo convergente, ¿por qué tenía que cumplir lo que Alfredo Pérez Rubalcaba se había comprometido públicamente poco antes con ERC, sobre aceptar que la Generalitat tuviera mayoría en el órgano que tenía que gestionar el aeropuerto del Prat?

Posteriormente, el Gobierno socialista, como uno más de los planes de choque contra la crisis económica, inició la privatización de Aena y en la siguiente legislatura las aspiraciones catalanas todavía empeoraron más, porque de un Gobierno del PSOE, que no disfrutaba de mayoría absoluta, se pasó a uno del PP, que sí la tenía. Por esta razón, el traspaso se convirtió en una quimera.

Madrid, pues, podría continuar parasitando a Barcelona, apropiándose de las grandes rutas intercontinentales. Una privatización que siempre acabaría actuando en contra de las instituciones catalanas, porque si finalmente el PP optaba por que la mayoría de Aena pasara a manos privadas, resultaríamos damnificados en la medida que restaría potencialidad al Estatut, que reconocía la capacidad de ejecutar la legislación estatal en materia de aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reservaba la gestión directa. Si, por el contrario, el interés del gobierno se decantaba por reservar una mayoría pública, el Estado podría continuar argumentando que, como mantenía la gestión directa, no podía llevar a cabo el traspaso a la Generalitat.

Y en aquellos precedentes está la madre del cordero. En conclusión, en pleno 2025, de una ambición de techo tan bajo en cuanto al Prat no se puede esperar complicidad por parte de las fuerzas de izquierda, al dificultarles más el logro de mayores soberanías. Efectivamente, vía proyecto de ampliación, quedará afectado de manera determinante el modelo económico del país, porque se abortará la posibilidad de equilibrar el sistema aeroportuario catalán entre los diferentes aeropuertos catalanes, se relegará la conexión entre los aeropuertos y el sistema ferroviario, se amenazará la logística del puerto con el alargamiento de la pista de mar, se hipotecarán los estándares europeos en materia de contaminación ambiental y acústica y se acabará condenando al país a un modelo turístico insostenible culturalmente, socialmente y económicamente.

Es de lamentar, por el contrario, que se pretenda imponer un relato que asocia impúdicamente ampliación a progreso. Y, todavía más inadmisible, a modernidad, atendiendo al reduccionismo intelectual con que se justifica la invasión de los espacios naturales y su biodiversidad.

Sin duda, la sostenibilidad y la redistribución equitativa de la riqueza nunca han casado con la depredación de la naturaleza y con el afán desmesurado de acumulación de beneficios. Una perversa ecuación que, desgraciadamente, se ha mantenido en los tiempos actuales, pero que viene de lejos. Tan reaccionaria ahora como en los años pretéritos del 'desarrollismo' franquista.

Ciertamente, al PSC, que se ha querido erigir en este caso en el brazo ejecutor de quienes siempre han tenido la sartén por el mango, no le faltarán cómplices. Al contrario, para Junts y PP, solícitos siempre con el poder, de mil amores.

De aquí que haya que agradecer que ERC, Comuns, CUP, movimientos sociales y reconocidas voces académicas se hayan pronunciado, en el caso de los republicanos a través de su Consell Nacional, negativamente.

Loable que se empeñen en la voluntad de contribuir a concienciar a las nuevas generaciones para la conquista de un futuro diferente.

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