García Ortiz no puede seguir

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha concluido su investigación sobre la filtración de un correo electrónico del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Hurtado propone juzgar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como a la fiscal jefe provincial de Madrid, por considerar que hay suficientes indicios para acusarlos de un delito de revelación de secretos. En el correo electrónico citado, remitido por el abogado de González Amador al fiscal encargado de su caso, el representante de la pareja de Ayuso se mostraba dispuesto a un pacto por el cual su cliente admitiría la comisión de dos delitos fiscales y el pago de una multa. El auto del juez da traslado de sus pesquisas a la Fiscalía y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral, pidan el sobreseimiento de la causa o, si lo consideran oportuno, recomienden la práctica de diligencias complementarias. Según el juez, García Ortiz recibió indicaciones de «Presidencia del Gobierno». Tras conocerse la resolución del juez, el fiscal general insistió en que es inocente de las acusaciones contra él y ha descartado que vaya a dimitir de su cargo. A tenor de lo que dicta el Estatuto Fiscal, Pilar Rodríguez, la fiscal jefe provincial de Madrid, debe ser cesada una vez que se abra juicio oral en su contra. No es el caso, en cambio, de García Ortiz, cuyo cargo se considera fuera de la carrera.

La noticia llegaba tras la manifestación del PP del domingo en Madrid bajo el lema 'Mafia o democracia'. Para los populares, que el fiscal general del Estado se encuentre a un paso del banquillo les da la razón y refuerza el sentido de la manifestación, durante la cual se exigió nuevamente a Pedro Sánchez y a sus socios elecciones anticipadas. Alberto Núñez Feijóo y el portavoz del PP, Borja Sémper, reclamaron la dimisión o el cese de García Ortiz. El último señaló también a los aliados parlamentarios del Gobierno. 

Llegados a la situación actual, con un Gobierno asediado por distintos casos judiciales, lo más sensato es evitar refugiarse en la parálisis y tomar la iniciativa. En el caso que nos ocupa, y que afecta a una figura tan relevante como la del fiscal general del Estado, Sánchez debiera forzar su dimisión o bien proceder a su cese inmediato. Dos son las razones que aconsejan este paso. En primer lugar, el presidente tiene el deber ineludible de preservar la integridad de las instituciones democráticas, mostrando firmeza y valentía. Sin menoscabo de la presunción de inocencia que, por descontado, asiste a García Ortiz, sería absurdo que quien por su cargo es responsable de «impartir las ordenes e instrucciones convenientes (...) al ejercicio de las funciones fiscales» esté al mismo tiempo en el banquillo, con uno de los miembros del magisterio fiscal que él dirige ejerciendo la acusación. La segunda razón es evitar que la acumulación de escándalos que rodean al Gobierno mientras este persiste en su inacción, junto con la oposición que ejercen el PP y Vox y las volubles posiciones de sus socios, que asisten con asombro y gran inquietud a los acontecimientos, conduzca a una situación de bloqueo en que seguir adelante se convierta en algo extremadamente difícil y penoso.