Atrapados en el apagón

Más de un mes después del primer cero eléctrico en España seguimos sin saber con claridad cuáles son las causas. En parte, por la complejidad del tema. En parte, por las indemnizaciones en juego, que extreman la prudencia de todos los implicados. Pero en parte también porque el Gobierno ha decidido convertirlo en uno de los escenarios de su estrategia de polarización política. Eso le ha llevado a encadenar apuestas por diversas causas que empezaron con el ciberataque y acaban, por ahora, en las pérfidas empresas del sector eléctrico a las que el presidente del Gobierno se refirió como los hiperricos, sin que aún se sepa exactamente a quién se refería. Entremedias se situó el apagón en una falsa dicotomía entre renovables y nucleares. Todo es política, pero no hace falta convertirlo todo en politiquería partidista.

Hay suficientes indicios para sostener que la red eléctrica adolecía en los últimos meses de un grado inédito de oscilaciones y que no se atendieron las demandas, incluso del propio operador, de acelerar determinadas inversiones. Para esconder esa realidad, no es de recibo que el Gobierno extienda un sombra de duda sobre el conjunto del sector eléctrico, y especialmente sobre las empresas de generación y de distribución. Y, especialmente, que lo haga con acusaciones que se sustentan en datos protegidos por obligaciones de confidencialidad por parte de quienes se tendrían que defender. El cerebro del sistema no puede excluirse tampoco como origen del apagón, ni mucho menos.

La política energética es política, pero no debería estar orientada por la ideología sino por criterios de seguridad en el suministro (lo que falló en el apagón), eficiencia para los consumidores y las empresas y sostenibilidad en los términos que defina la normativa de la Unión Europea. A pesar de lo que quieran algunos sectores del Gobierno, esto no va de nacionalizaciones ni de cuestionar las bases del funcionamiento de las empresas. Esto va de que cada uno cumpla con sus obligaciones y que el Gobierno las regule desde la defensa del interés general y no desde la protección de determinadas empresas, aunque sean públicas, o determinados directivos, aunque sean militantes de uno u otro partido. 

En este contexto, algunos quieren organizar una confrontación abierta entre el Gobierno y las empresas eléctricas. Esta dinámica puede servir para ocultar algunas miserias políticas, pero no favorece de ninguna manera a las empresas, sean privadas o públicas. Si los inversores dejan de confiar en ellas, los perjudicados no serán ni sus gestores ni, principalmente, los accionistas, sino los consumidores, ya que los precios se encarecerán, las inversiones se retrasarán y el servicio que se recibe será peor y más caro. Y no serán descartables otros apagones. En otras ocasiones, Pedro Sánchez ha sabido ponerse al frente de la respuesta a otras adversidades. Pero, frente al apagón, en lugar de guiarse por la defensa del interés general y aunar a todos los implicados, se ha dejado llevar por el interés partidista convirtiendo decisiones que deberían ser meramente técnicas en pulsos ideológicos teñidos de sectarismo. Los enchufes deberían quedar fuera de la política y las redes, también las eléctricas, deberían recuperar la neutralidad. Porque es el Gobierno el que puede sufrir un mayor desgaste y no unas empresas que operan la mayor parte de su negocio fuera de España.