Opinión | GATO ADOPTIVO

Director adjunto de EL PERIÓDICO
Un cónclave para avalar la amnistía

Carles Puigdemont, el pasado verano en Barcelona, y su abogado, Gonzalo Boye, a la derecha. / David Zorrakino / Europa Press
“Nadie quedará satisfecho”, decía el miércoles en privado un alto responsable del Tribunal Constitucional al ser cuestionado por la sentencia sobre la ley de amnistía. Aunque la afirmación tenía mucho de retórica, no parece que haya acertado, entre otras razones porque el método elegido para elaborar el borrador que la magistrada Inmaculada Montalbán elavará al pleno del tribunal de garantías impedía cualquier sorpresa. El texto, que avala el núcleo de la ley pese a señalar inconstitucionalidades menores, como la imprecisión temporal de su aplicación, es un rompecabezas cuidadosamente ensamblado por seis letrados coordinados por Juan Carlos Duque, vicesecretario general de la institución y letrado del Parlamento de Asturias, en un proceso que ha despertado muchas dudas en el seno del Tribunal Constitucional. Duque ha contado con el apoyo de otros cinco letrados adscritos todos ellos a magistrados progresistas del alto tribunal, un grupo tan homogéneo ideológicamente que cerraba la puerta a cualquier imprevisto... y a la discrepancia. Un ‘cónclave’, como se ha venido a calificar en el propio Constitucional al grupo liderado por Duque por su exclusividad y hermetismo en estos últimos meses, del que no se esperaba ningún sobresalto tras la fumata blanca. Y así ha sido.
Tampoco ha sorprendido la decisión de no pronunciarse sobre la malversación, que podría cerrar la puerta al regreso de Carles Puigdemont al dejarle en un limbo jurídico, porque no estaba impugnada en el recurso del PP, resuelto en primer lugar al ser el más completo de los presentados. Fuentes del Constitucional, sin embargo, quieren desvincular de este hecho las mayores o menores posibilidades de que el ex presidente de la Generalitat regrese a Cataluña. Consideran que, pese a no haber resuelto sobre la malversación, el as en la manga del juez Pablo Llarena para no aplicar el perdón, sería muy difícil que un tribunal español lo enviara a prisión una vez considerada constitucional la ley de amnistía:“Otra cosa es que Puigdemont se quiera arriesgar”.
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