Sandro Rosell: la bolsa y la vida

Queda para la historia el tiempo en el que los jueces solo hablaban a través de sus sentencias. Hoy son muchos los que se manifiestan con cualquier excusa técnica o profesional y analizan públicamente las decisiones de otros. Es cierto que la mayoría lo hace con voluntad pedagógica encomiable, porque el tercer poder del Estado precisa de mucho magisterio. Pero no es menos verídico que, a veces, también las critican con evidente sesgo ideológico. Cuando no exponen sin tapujos posicionamientos ante causas abiertas que luego les llevan a la recusación. Sobran ejemplos.

Ante esta evidencia, resulta paradójico el malestar expuesto por portavoces corporativos cuando los medios les agrupan por afinidades partidistas, coincidentes con las de las formaciones políticas que proponen o se oponen a imprescindibles mejoras del sistema. Sucede ahora con la mayor reforma judicial de los últimos 40 años que acaba de avalar por unanimidad el Consejo de Estado, acallando la polvareda levantada por sectores togados.

La radiografía de este momento crucial la ha convertido en libro el juez Manuel Marchena. El magistrado considerado máximo exponente del poder profesional, más allá del importante cargo que ha ostentado en el Supremo, no ha resistido la tentación de titularlo 'La justicia amenazada' (Espasa). Y lo expone a partir de “la sensación que se ha apoderado de buena parte de la opinión pública” hasta el punto de que “un repaso a los titulares de la prensa diaria o unos minutos de tertulia radiofónica son suficientes para convencerse de que el trabajo de los jueces no siempre se desarrolla en condiciones que garanticen su independencia”.

En el amplio desglose de los avatares del mundo jurídico, detallado en 349 páginas por el presidente del tribunal que juzgó a los líderes del 'procés', no se hace mención a los errores judiciales. Sin embargo, los hay. Según balance del CGPJ hasta 2022 habían ido subiendo, haciendo aumentar las indemnizaciones un 32% respecto al año anterior. Uno de sus últimos receptores ha sido Alexandre (Sandro) Rosell Feliu (Barcelona, 6 de marzo de 1964).

El vía crucis sufrido por quien fue presidente del Barça sería inenarrable si no fuera porque todo el país lo siguió con estupor redoblado a indignación cuando, el 24 de abril de 2019, la Audiencia Nacional le absolvió de todos los cargos por falta de pruebas. El clamor popular no podía olvidar los 645 días de prisión provisional sin fianza y cuya petición de revisión se revocó 13 veces, mientras su reputación quedaba manchada. A su familia se le impedía comprar lo básico por el embargo total de bienes y las especulaciones de sus enemigos circulaban afiladas como cuchillos vengativos. ¿Tiene esto precio? La Audiencia Nacional se lo ha puesto: 360 euros al día. Más otras exiguas cantidades por gastos de desplazamiento a la cárcel de los suyos para visitarle y por un contrato perdido. El total que no se acerca, ni por asomo, a la reclamación del perjudicado obedece a cálculos fríos cuyo importe le llega a Sandro seis años después del veredicto. La jueza que se cebó con él fue ascendida al mismo Tribunal Supremo que no admitió a trámite la demanda de Rosell contra ella. Ningún órgano competente le ha pedido responsabilidades. Tampoco Marchena la cita.

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