De la excepción a la divergencia ibérica

Hasta hace relativamente poco España y Portugal constituían una verdadera excepción y no precisamente por el precio de la electricidad sino políticamente ya que ambos países habían resistido al avance generalizado de la derecha radical que se había extendiendo por toda Europa y sus partidos socialistas, a diferencia de sus homólogos europeos, hacían gala de una notable fortaleza. Ahora en cambio, su evolución diverge.

En Portugal Antonio Costa se convirtió en primer ministro en 2015, ganó las elecciones en 2019 y obtuvo la mayoría absoluta en 2022 pero se vio forzado a presentar su dimisión en 2024 como consecuencia de una investigación judicial de la que luego, sin embargo, fue exculpado. La dimisión de Costa provocó un adelanto electoral en 2024 tras lo cual los socialistas, por un escaso margen, fueron desalojados el poder por la derechista Alianza Democrática. Esta formación accedió a la presidencia en situación de minoría y no fue capaz de aprobar los presupuestos de 2025 ni de superar una cuestión de confianza, circunstancia que forzó la celebración de unas nuevas elecciones. Estas tuvieron lugar el domingo pasado y han vuelto a darle la victoria aunque sin garantías de estabilidad gubernamental. Un escenario incierto que deriva del incremento de la fragmentación política y del crecimiento de Chega, una partido de derecha radical que irrumpió en 2022 con 12 escaños, pasó a 50 en 2024 y que acaba de obtener al menos 58, empatando con los socialistas que han cosechado los perores resultados desde la recuperación de la democracia, y con la que la Alianza Democrática, de momento, se ha negado a pactar.

El paralelismo con la evolución política de España es evidente pero hay notables diferencias en el comportamiento de los actores políticos. Pedro Sánchez accedió a la presidencia del gobierno en 2018 no tras vencer en unas elecciones sino tras presentar una moción de censura a Mariano Rajoy muy debilitado por la sentencia de la trama Gürtel. En España, al igual que en Portugal, la fragmentación y las dificultades para aprobar presupuestos desembocaron en una convocatoria anticipada ya en 2019 que dio lugar una victoria socialista y a la irrupción por primera vez en la arena estatal de un partido de derecha radical, Vox. Las elecciones anticipadas de 2023, como las de 2024 en Portugal, se saldaron con una derrota del partido socialista pero aquí, a diferencia de lo sucedido en el país vecino, los socialistas no dejaron que gobernase la fuerza más votada, el PP, sino que prefirieron mantenerse en el poder gracias a la insólita concesión de la amnistía que hizo posible una heterogénea mayoría de investidura integrada por partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas. Y también, al igual que en Portugal, sobre el presidente del gobierno se ha cernido la sombra de la corrupción, no sobre él directamente pero sí sobre sobre su entorno más cercano -su esposa, su hermano, su antigua mano derecha, ex ministro y exsecretario de organización del PSOE y el actual- pero ninguna de esas sospechas, algunas al parecer muy fundadas como están poniendo de manifiesto los informes de la UCO, parecen ser motivo suficiente para que el presidente presente su dimisión. Más bien todo lo contrario, Sánchez se aferra al poder y considera desde su retiro en abril de 2024 cuando se hizo público que su esposa estaba siendo investigada, que se trata de un ataque ad hominem infundado, lo que ha llevado a miembros de su gobierno y del partido a descreditar a la justicia, a los investigadores y a los medios de comunicación más críticos. Pero resulta además que España tampoco se ha logrado aprobar los presupuestos de 2025, de hecho el gobierno ni siquiera los ha tramitado argumentando falta de apoyos parlamentarios. Una falta de apoyos que se ha visibilizado en la pérdida de numerosas votaciones y que, a diferencia de lo sucedido en Portugal, no dado lugar a que el presidente se someta a una cuestión de confianza sino que le ha llevado incluso a afirmar su gobierno avanzaría ‘con o sin el concurso del poder legislativo.

Las disimilitudes en el comportamiento de españoles y portugueses no limitan al Gobierno y al partido socialista. Hay que reconocer que el PP tampoco se ha comportado como hasta ahora lo ha hecho Alianza Democrática, descartando acuerdos con la derecha radical. Aunque no está nada claro lo que vaya a suceder a partir de ahora. Todo dependerá, en gran medida, de la actitud del Partido Socialista. Porque no es lo mismo facilitar el gobierno al ganador de las elecciones y evitar que quede en manos de la extrema derecha que negarle cualquier tipo de colaboración y echarlo en brazos de la derecha radical y precisamente con el argumento de evitar ese acuerdo, tratar de armar una mayoría de perdedores.