La profunda crisis de la DGAIA

Las actuaciones de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) hace tiempo que están bajo la lupa, tanto en la labor de protección de niños y jóvenes en situación de desamparo y vulnerabilidad como por su gestión económica. La DGAIA tiene la responsabilidad de ejercer su protección y tutela, de asumir su guarda y de velar por la integración social y laboral con medidas de transición a la vida adulta. Se trata, sin lugar a dudas, de una obligación, asumida por la administración, de gran calado, porque estamos hablando de un colectivo (cerca de 20.000 menores en situación de riesgo) en un estado altamente delicado que merece una atención especial. La propia existencia de la DGAIA, con más de 5.000 menores viviendo en diversos tipos de residencias y con cerca de 9.000 bajo medidas de protección legal, requiere de una gestión no solamente eficaz, a causa del deber de protección, sino con un grado muy elevado de profesionalidad, atendiendo a la extrema fragilidad de las personas a las que atiende.

La DGAIA está viviendo estos días en el ojo del huracán. En lugar de responder a esa gestión ideal, asistimos a dos episodios que, siendo muy distintos en el orden moral, nos informan de la enorme crisis que vive la institución, una crisis que no solo se refiere a casos concretos, sino que es estructural. Por un lado, la dejación de funciones de protección; por otro, la posible red de fraude de las entidades que gestionan las prestaciones de la Generalitat a jóvenes extutelados pero aún dependientes de la DGAIA. Y, como telón de fondo, la sorpresiva destitución de la cúpula (directora y subdirector general) el pasado marzo, seis meses después de su nombramiento.  

El caso de la niña de 12 años, bajo guarda de la DGAIA, violada y prostituida repetidamente entre mayo de 2020 y octubre de 2021, es del todo escalofriante. Y más cuando nos adentramos en los detalles del entramado criminal. Pero, más allá de los hechos probados, es inexplicable que la misma menor fuera autorizada a abandonar el centro donde vivía, dos años después, para convivir con un adulto de 25 años. Son pertinentes aquí las palabras del presidente del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, que advierten que «todo el sistema debe revisarse, puesto que hay deficiencias estructurales y falta de recursos y reconocimiento a los profesionales». No es una tarea fácil trabajar con menores en centros abiertos, puesto que estamos hablando de jóvenes con dificultades vitales y trastornos emocionales, por ello más expuestos a la captación de redes criminales. Razón de más, sin embargo, para aumentar las medidas de protección y para ejercer un plus de dedicación. Los responsables tendrán que justificar déficits profundos que se vislumbran como sistémicos, en una crisis que se ve agravada por la investigación de la Oficina Antifrau y de la Sindicatura de Comptes a partir de la denuncia de un trabajador social en cuanto a las prestaciones administradas por el Departament de Drets Socials i Inclusió. Las posibles conductas fraudulentas en la gestión de los recursos asistenciales, con plazas fantasmas, va más allá de una negligencia. 

Tanto por respeto a las víctimas como por la necesidad de que no se repitan hechos similares y, por supuesto, para recuperar la confianza en una institución hoy por hoy desprestigiada, conviene exigir una investigación a fondo, con depuración de responsabilidades personales y políticas.