Los monstruos y las puertas abiertas

No, no se llama Pelicot. Tiene nombre y apellidos, y espero que los utilicemos incansable y machaconamente cuando se pueda demostrar en el juicio —al que se enfrentará el próximo año— cada una de las atrocidades que ha cometido este pederasta. Que repitamos una y otra vez su identidad para que nadie olvide quién es y lo que ha hecho. Que no cometamos el error de ocultar o disimular sus actos execrables bajo el nombre y apellido de otro monstruo. Porque monstruos hay muchos, y merecemos tenerlos identificados y diferenciados. Que el peso de su identidad, asociada a sus acciones, les caiga encima como una losa. A todos.

De él, de ellos, de los monstruos, que se sepa todo. De ella, de ellas, de las víctimas, que se sepa lo mínimo posible. Que seamos capaces de preservar lo poco que aún queda de una intimidad que, siendo solo unas niñas, ya ha sido demasiado vejada.

El caso es atroz de principio a fin: por la naturaleza de los hechos, por la facilidad con la que los pederastas crean y expanden su red del horror, por la laxitud de algunas plataformas sociales que se han convertido en terreno fértil para la captación de víctimas y, en una vuelta más de la maquiavélica perversión pedófila, por la extrema vulnerabilidad de al menos una de las menores implicadas.

Es necesario detenernos en ella: por la gravedad de su caso, por los datos —estos sí necesarios— que han trascendido, y porque es imprescindible llegar hasta el fondo del agujero negro en que, al parecer, se ha convertido la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA), incapaz de cumplir el único objetivo para el que fue creada: proteger y tutelar a los menores en riesgo en Catalunya.

Esa niña, bajo tutela de la DGAIA, no solo no fue protegida. Fue desamparada. Y ese abandono se convirtió en una puerta abierta —de par en par— para su captador. La administración que debía cuidar de ella no solo falló: facilitó, por omisión, el acceso del agresor.

No se trata solo de una negligencia, hablamos de un fallo estructural que pone en entredicho todo un sistema de protección. Por eso, la responsabilidad institucional es ineludible. La consellera Martínez Bravo, que ha solicitado comparecer ante el Parlament, debe explicar allí todas y cada una de las acciones que su departamento ha llevado a cabo desde que, una vez asumida la cartera, conoció el caso; qué responsabilidades se han depurado y qué mecanismos se han puesto en marcha para que una situación de esta gravedad no vuelva a suceder. Debe hacerlo con la contundencia que requieren los hechos, sin ambigüedades ni titubeos.

En juego no está la reputación de la DGAIA ni tampoco la solvencia de la Conselleria de Drets Socials, sino algo mucho más importante: la garantía de que los casi 20.000 menores que se encuentran bajo la tutela de este organismo serán protegidos como merecen.

Que los monstruos no van a encontrar- nunca más- las puertas abiertas de par en par.

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