El brindis al sol del trabajar menos, vivir mejor

Este próximo martes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para rebajar la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, una de las medidas estrella del acuerdo del Gobierno de coalición que debía haberse aprobado la semana pasada con la intención de hacerla coincidir con el 1 de mayo y que fue pospuesta por el apagón. Se trata de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, CCOO y UGT que, sin embargo, no cuenta con el apoyo de las organizaciones empresariales que abandonaron la mesa de diálogo.

Para la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y para los sindicatos reducir la jornada de trabajo a 37,5 horas, como ya sucede en diversos países europeos, permitiría mejorar la calidad de vida, aumentaría la productividad y dada su universalidad, puesto que no afectaría a un sector concreto sino que se estima beneficiaría a unos 12 millones de trabajadores, contribuiría a la justicia social. Algo que resulta indiscutible ya que sobre sus hombros recae el sostenimiento del conjunto de un país con una elevada tasa de paro, la mayor de la Unión Europea, y con un alto nivel de personas que, por distintas razones, no buscan trabajo.

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En cambio, las patronales se oponen a la medida porque sostienen que tendría un gran impacto económico, que cifran entre los 23.000 y 42.000 millones de euros según las distintas estimaciones; porque creen que supondría un grave prejuicio para las pymes algunas de las cuales podrían verse obligadas a cesar su actividad, en especial en sectores como el comercio, la hostelería o la limpieza; y porque consideran que las medidas compensatorias propuestas por el gobierno son muy limitadas.

Sostienen, además, que antes que la reducción horaria deberían abordarse otros problemas relevantes de nuestro mercado laboral como la baja productividad -de las más bajas de Europa- el ausentismo, el desempleo o la falta de perfiles cualificados y consideran que llegado el caso la reducción de la jornada laboral debería regularse mediante los convenios colectivos propios de cada sector y no de manera genérica.

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El desacuerdo, no obstante, no se limita a los agentes sociales ni a los partidos de la oposición, como sería previsible, sino que tampoco hay consenso entre las formaciones que invistieron al Gobierno. Lo apoyan las formaciones de izquierda, el PNV lo podría llegar a apoyar con matices dado que ya se aplica en muchos sectores en Euskadi pero Junts per Catalunya se muestra muy reacia. Y más después de que Antoni Cañete, el presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa (PIMEC) , se reuniese hace pocos días en Waterloo con Carles Puigdemont para trasladarle su oposición el proyecto, como ya hiciera previamente Josep Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball. Es por ello que, sin apoyos políticos y sin el consenso social necesario, en estos momentos la jornada de 37,5 horas no es más que un brindis al sol que solo sirve para dar pábulo a un Sumar en horas bajas. 

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